La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) solicitó al Organismo Judicial (OJ) que un caso de supuesta ejecución extrajudicial sea conocido en un juzgado de Mayor Riesgo.
Se trata de las pesquisas realizadas por la muerte del reo Hugo Humberto Ruiz Fuentes, uno de los 19 que lograron fugarse de la cárcel de máxima seguridad denominada El Infiernito, en Escuintla, en 2005.
La petición fue hecha a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con la legislación relacionada, la unidad encargada de las pesquisas pide a la máxima autoridad del MP que se requiera que un caso específico sea conocido por un juzgado de alto impacto.
#AHORA La Fiscalía fue designada en esa investigación para cumplir con lo ordenado por la CIDH en una sentencia contra Guatemala por la imposición de la pena de muerte, tortura, violaciones procesales y ejecución extrajudicial de Ruiz Fuentes | Vía Samanta Guerrero pic.twitter.com/09W5WaFW3N
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 6, 2021
Después de su análisis, y si la solicitud es aprobada, se dirige una nota desde el despacho superior de la Fiscalía para que se traslade a la Cámara Penal la petición correspondiente.
Los magistrados resolverán el requerimiento en una audiencia pública el próximo viernes 28 de mayo.
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Ejecución extrajudicial señala el MP
Ruiz Fuentes burló la seguridad de presidios el 22 de octubre de 2005. Este se permanecía en la cárcel mientras se ejecutaba la pena capital a la que fue condenado por el secuestro de un niño en agosto de 1997.
La Policía Nacional Civil (PNC) lo localizó en un sector de la colonia El Milagro, en la zona 2 de Mixco, tres semanas después de la fuga.
Desde ese lugar el reo recapturado fue trasladado a un área en Barberena, en Santa Rosa, en donde fue ultimado a balazos.
— Archivo de la CICIG Guatemala (@CICIGgt) October 29, 2018
De acuerdo con las pesquisas, se simuló que este se enfrentó a las fuerzas de seguridad con un arma de fuego.
Se estableció que la pistola que fue reportada como utilizada por Ruiz Fuentes pertenecía a un elemento de la PNC identificado como Evin Rolando Choto Casimir, y que el arma fue reportada como desaparecida varios días antes de que se reportara el enfrentamiento con el reo.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), al cual determinó que hubo violaciones a garantías procesales que permitieron que Ruiz Fuentes fuera condenado a muerte, además que este fue sometido a tortura y que el Estado era responsable de ejecución extrajudicial.
De esa cuenta, se ordenó al Estado resarcir a la familia del reo ultimado.
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