La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) accionó en contra de la jueza María Eugenia Castellanos, para que no conozca el juicio en contra del exdiputado Julio Juárez.
De esa cuenta, la Fiscalía busca que Castellanos sea separada del debate que enfrentará el señalado, de quien se sospecha es el autor intelectual del atentado que sufrieron varios periodistas en Mazatenango, en Suchitepéquez.
En ese sentido, la FECI planteó una recusación en contra de la jueza, quien integra el Tribunal de Mayor Riesgo B, de quien se duda de su imparcialidad.
#AHORA #CasoPeriodistas FECI recusó a la jueza del Tribunal de Mayor Riesgo "B", María Eugenia Castellanos, señalada por caso "Comisiones Paralelas 2020", el MP busca que no conozca el juicio contra el exdiputado Julio Juárez, programado para el próximo 16 de noviembre.
— Joel Maldonado (@JMaldonado_EUD) November 4, 2020
Según el órgano encargado de la persecución penal, Castellanos tendría una actitud de rechazo al trabajo que desarrolla esa unidad de investigación, debido a que esta buscó que se le retirara el derecho de antejuicio.
Castellanos es señalada por supuestamente buscar beneficios ilegales en el proceso de selección de magistrados judiciales que inició en 2019.
El caso en el cual figura la solicitud de antejuicio en contra de la juzgadora se denomina “Comisiones paralelas 2020”, debido a que fue presentado de forma pública este año.
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Señalamientos contra exdiputado
La fiscalía sostiene que Juárez habría planificado el hecho armado en el cual murió el periodista Danilo Zapón López, corresponsal en Mazatenango, en Suchitepéquez, de un diario de la capital.
En el mismo hecho resultó herido Federico Benjamín Salazar Gerónimo, quien trabajaba para una cadena radial en la referida ciudad.
Se presume que el exdiputado negoció con el grupo de sicarios que ejecutó el hecho armado.
La FECI cuenta con un testigo que declaró en calidad de anticipo de prueba. Este delató a Juárez.
El excongresista fue sancionado por las autoridades de Estados Unidos por su vinculación a casos de violación de derechos humanos.
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