El Ministerio Público (MP) presentó este jueves una solicitud de antejuicio contra el magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rafael Rojas Cetina.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lo vincula con posibles actos de corrupción y lo señala de los delitos de obstrucción a la justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
El jefe de, Juan Francisco Sandoval, explicó que esto se da por la presunta implicación del togado en el caso Fénix, en la fase denominada como “Impunidad”.
Sandoval detalló que se busca que sea despojado de su inmunidad derivado de que, según información que tiene la fiscalía, en el tiempo que fungió como fiscal del MP incurrió en irregularidades.
“Desarrolló una serie de acciones que permitieron que la investigación por el delito de lavado de dinero u otros activos en el caso Fénix quedara en impunidad”, señaló.
Piden retirar inmunidad al magistrado del TSE, Ranulfo Rojas
El caso
El ente investigador difundió un comunicado sobre el tema, en el que informó que la investigación del caso Fénix permitió realizar análisis que llevaron a la reapertura del caso por el delito de lavado de dinero.
“En las constancias documentales se observaba la existencia de una estructura criminal organizada para lavar dinero, específicamente producto del traslado de fondos públicos al sistema financiero”, se indicó.
Las operaciones se realizaban por medio de personas que no han sido sentenciadas por ese cargo.
Sus acciones habrían estado respaldadas por actos realizados a lo interno del Organismo Judicial, el Ministerio Público y otras dependencias del Estado, con el fin de generar impunidad.
Entre quienes facilitaron los actos ilícitos, aparentemente se encuentra el magistrado Rojas.
De acuerdo con la FECI, cuando fungía como agente fiscal del MP realizó actos encaminados a promover la impunidad a los actores.
Los expedientes sobre los cuales tuvo poder de decisión tienen como común denominador al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la estructura liderada por Gustavo Adolfo Herrera Castillo.
En ese sentido, se presume que sus actos estuvieron dirigidos a retardar, de forma intencional, las acciones penales dentro del proceso, en beneficio de los procesados.
“Al no avanzar los procesos, la determinación de la responsabilidad penal quedó impune en favor de los mismos”, se lee en el comunicado.
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