El Juzgado de Mayor Riesgo A autorizó modificaciones a las medidas de coerción aplicadas a seis personas procesadas en el caso de supuestas plazas “fantasma” en el Congreso.
De esa manera no tendrán que acudir periódicamente a firmar el libro de control del arresto domiciliario al Ministerio Público (MP), como se estableció con anterioridad.
La diligencia en donde se conoció el tema se llevó a cabo este lunes.
El argumento de la defensa para buscar tal beneficio fue el riesgo que representa para los señalados el tener que movilizarse debido al riesgo de contagiarse de Covid-19.
Los beneficiados son los exdiputados Christian Boussinot, César Fajardo, Arístides Crespo, Alfredo Rabbé y Carlos Herrera.
Además se otorgó el cambio de medidas a Edgar Leonel Fernández Regalado, quien fungió como asistente del exdiputado Boussinot.
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El caso
El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieron a conocer los resultados de investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades ocurridas entre los años 2014 y 2015.
Aparentemente se dieron contrataciones ilegales en el organismo Legislativo, con el objetivo de beneficiar a los exdiputados y sus allegados.
Entre los señalamientos, la Fiscalía detalló que el exparlamentario Arístides Crespo habría ordenado la contratación de 17 personas, entre estas 12 asignadas a la Presidencia, que en ese entonces ocupaba él.
Se trataba de empleados con escolaridad hasta diversificado, que ingresaron a puestos bajo el renglón 022 con salarios de hasta Q15 mil.
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En el caso de Boussinot, se informó que habría contratado a personas de su confianza para distintos puestos sin realizar los procedimientos debidos.
Además, se estableció que en lugar de desempeñarse en el Congreso como lo establecían los contratos que se les otorgaron, prestaban servicios de manera particular al exlegislador, y a pesar de ello, cobraban los salarios.
La Fiscalía también constató que del dinero que recibían estas personas por concepto de sueldo debían pagar un porcentaje mensual al exdiputado.
Fernández Regalado aparentemente era quien se encargaba de recolectar esas “comisiones”, por lo que fue ligado a proceso por el delito de extorsión.
* Con información de Alexander Valdéz, Emisoras Unidas 89.7
