El congresista y presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes de los Estados Unidos (EE. UU.), Eliot Engel, por medio de las redes sociales manifestó inaceptables los continuos ataques contra la Corte de Constitucionalidad (CC), así como ciudadanos que luchan contra la corrupción.
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Engel instó al Departamento de Estado de EE. UU. a aplicar sanciones a quienes propician esas acciones.
“Los continuos ataques contra la Corte Constitucional de Guatemala y los ciudadanos privados que luchan contra la corrupción son inaceptables. Insto al Departamento de Estado para retirar visas y congelar activos de facilitadores de corrupción e impunidad en #Guatemala”, se lee en la información publicada en Twitter por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.
Chairman @RepEliotEngel: Continued attacks on Guatemalan Constitutional Court and private citizens fighting corruption are unacceptable. I urge @StateDept to pull visas and freeze assets of facilitators of corruption and impunity in #Guatemala.
— House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) August 11, 2020
Solicitudes de antejuicio
El viernes 7 de agosto pasado, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, solicitó antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia.
La petición también abarca a la Comisión Permanente del Legislativo y contra 92 diputados.
Respecto a la solicitud de antejuicio contra la Comisión Permanente del Congreso de la República, el procedimiento se deriva de la resolución emitida el 29 de junio del año en curso por la CC.
Para los demás antejuicios, el MP tomó en cuenta diversas denuncias recibidas contra de 92 diputados del Congreso de la República, 13 magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones y seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
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Por medio de un comunicado, la fiscal general, Consuelo Porras, informó que los antejuicios se plantearon para que la justicia determine “si ha formación de causa o constituyente de delito o bien las denuncias contra funcionarios y dignatarios son por razones espurias, políticas o ilegítimas”.
