Más 140 organizaciones sociales enviaron una carta a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, para que haga cumplir la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la elección de Cortes.
Asimismo, le solicitaron que el ente investigador actúe en contra de la desobediencia de diputados del Congreso.
“El MP tiene como obligación hacer cumplir la ley de manera objetiva e imparcial y con mayor énfasis en este tipo de crisis institucionales como la que el país enfrenta en medio de esta pandemia desgarradora”, refirieron.
Las agrupaciones expresaron su preocupación por lo que ocurre en el país, pues a su criterio existen “graves riesgos de un quebrantamiento constitucional”.
Esto, según señalan se daría ante las desobediencias cometidas por el organismo Legislativo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante las resoluciones del máximo tribunal.
En la misiva recordaron que el 29 de junio ese órgano dictó una certificación de lo conducente contra la Comisión Permanente del Congreso por negarse a entregar el expediente de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC.
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“Esta resolución detuvo el trámite del antejuicio espurio dictado por el pleno de la CSJ, que fue integrado ilegalmente por magistrados suplentes con conflicto de interés que se habían comunicado y reunido con Gustavo Alejos”, detallaron.
Manifestaron además que esas reuniones provocaron que se suspendiera el proceso de designación de los magistrados de CSJ y Salas de Apelaciones, pues el MP presentó un amparo ante los posibles vicios.
Esto derivó en que los togados de la CC fueran denunciados y, al avanzar el antejuicio contra ellos, se integrar incluso la comisión pesquisidora en el Congreso que continuó en funciones pese a que ya el máximo tribunal dejó en suspenso el proceso.
“Nos consterna que ha pasado más de un mes desde la certificación de lo conducente y el MP aún no ha actuado penalmente ni recurrido a diligencias como el secuestro del expediente, actuación que faculta la ley, para detener a la comisión pesquisidora”, refieren las organizaciones.
Agregaron que el presidente de esa instancia ha llamado públicamente a desobedecer la sentencia de la CC y ha asegurado que el antejuicio continuará.
Por lo que pidieron que se actúe penalmente contra los diputados que integran la referida sala legislativa y se pueda detener “el atropello ilegal” que están haciendo.
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Grave riesgo para el estado de Derecho
A criterio de las organizaciones firmantes de la carta, el estado de Derecho se encuentra en grave riesgo.
“Cuando una orden del máximo tribunal no se acata se pierde la certeza jurídica, sobre todo cuando se tarta de los organismos del Estado”, resaltaron.
Señalaron que esa situación podría derivar en que cualquier persona busque hacer valer la ley con su propia mano.
