Víctimas sobrevivientes del conflicto armado pidieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) suspender el cierre de la Secretaría de la Paz (Sepaz).
Los recursos legales fueron planteados en contra del presidente, Alejandro Giammattei, y de la entrada en vigencia del acuerdo gubernativo 98-2020.
Según la cuenta de Twitter de Impunity Watch Guatemala, los solicitantes indicaron al tribunal constitucional que:
“…otorgue el amparo que presentaron el (pasado) 22 de abril”.
Y, de esa cuenta, que quede sin efecto lo ordenado por el mandatario en el referido acuerdo gubernamental.
Víctimas del conflicto armado solicitaron a la @CC_Guatemala que otorgue el amparo que presentaron el 22 de abril y suspenda el cierre de la #Sepaz
El @GuatemalaGob no cumplió con la obligación legal de enviar a la CC el informe circunstanciado sobre el cierre de la #Sepaz. pic.twitter.com/wipacNprcf
— Impunity Watch en Español (@ImpunityWatchGt) August 1, 2020
Por medio de un memorial, los accionantes explicaron a la CC lo contenido el el documento del Organismo Ejecutivo puede ser considerado como una prueba de lo que ellos señalan.
Entre las peticiones se indica que:
- Se ordene al presidente de la República y a la Comisión Nacional de Resarcimiento suspender las acciones encaminadas a impedir el funcionamiento de la Sepaz y del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y, especialmente, el cierre de sus instalaciones y cese del personal.
- Se ordene al mandatario que se abstenga de realizar acciones encaminadas a anular o clausurar de manera definitiva la Sepaz y, especialmente, el PNR, así como emitir acuerdos o disposiciones tendientes a su disolución.
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Advirtieron cierre de entidades
El pasado miércoles 22 de abril, varios sobrevivientes del conflicto armado pidieron a la CC frenar las intenciones de Giammattei de cerrar la Sepaz y el PNR.
Señalaron que a inicios de ese mes el mandatario habría manifestado su intención de cancelar las funciones de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los acuerdos de paz.
En un comunicado del pasado martes 31 de marzo, el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, expresó:
“Un total de 260 personas sean cesadas de sus funciones”.
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