El transporte público de pasajeros continúa siendo tema de análisis tomando en cuenta que, a pesar de que el Gobierno ya autorizó que se reactive el servicio, no se ha reanudado en buena parte del territorio nacional.
Los transportistas han señalado dificultades para poder costear los insumos requeridos para darle cumplimiento a los protocolos de seguridad que permitirán reducir el riesgo de contagio del Covid-19.
La adquisición de termómetros para medir la temperatura de los usuarios, el alcohol en gel, entre otros elementos que permitirán mantener el distanciamiento social. Al igual que tener que circular solo con el 50% o 75% de aforo, generaría un impacto económico.
En declaraciones brindadas por representantes de las empresas de transporte días atrás a Emisoras Unidas, manifestaron que es mejor continuar sin circular que salir a trabajar pero obteniendo pérdidas.
Este jueves se le dio continuidad al tema en el programa A Primera Hora y se conversó con diputados y expertos en el ámbito.
Estuardo Vargas, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien integra la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Legislativo, indicó que han tenido acercamiento con varias gremiales para buscar alternativas que generen el bien común.
“Sabemos que se abrió parcialmente el país, pero el transporte público está mermando el sistema laboral. Es un tema importante que debe abordarse”, destacó.
Al ser cuestionado sobre su opinión ante un eventual subsidio para apoyar este servicio, resaltó que han sido malas las experiencias en la entrega de apoyo a los empresarios.
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En ese sentido, consideró que sería mejor darle ese respaldo directamente al usuario y bajo una entrega controlada. Para ello habría que buscarse nuevas modalidades, destacó.
Por ejemplo, usar una tarjeta personal para cada usuario se podría implementar con los debidos controles, afirmó.
Mientras tanto, Luis Fernando Pineda, del bloque del Movimiento Semilla, quien también integra la mencionada comisión legislativa, consideró que es algo lógico que los transportistas deban tener un apoyo porque estarán operando con el 50% o 75% de su capacidad.
Por ello se debe analizar quién va a asumir el costo del restante porcentaje y de las medidas de bioseguridad que se aplicarán.
Sin embargo, destacó que anteriormente se han otorgado subsidios, pero estos se han manejado de forma opaca y con corrupción, por lo que el dinero no llega a los usuarios, sino que se queda en manos de empresarios que incluso mantienen las unidades sin el mantenimiento adecuado.
De optarse por un apoyo económico, deberían garantizarse temas de eficiencia del gasto y establecerse candados desde que llegue propuesta al Congreso para que exista una rendición de cuentas que garantice que la población tendrá ese beneficio.
Una opción podría ser entregarlo al usuario directamente, tal como ocurre con el programa Bono Familia, y no a los transportistas, manifestó.
Otro punto que abordó el parlamentario es el proceso de control que se tendrá para que en las unidades de transporte se cumplan los protocolos de salud, pues consideró que el Estado no tiene por ahora la capacidad para cumplir esa labor.
Citó como ejemplo que la Dirección General de Transportes, que deberá revisar a los buses extraurbanos, solo tiene 22 inspectores. Así que es algo que debe fortalecerse, destacó.
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¿Apoyo solo para buses urbanos y extraurbanos?
Por su parte, Edgar Batres, de la bancada Winaq, manifestó que no solo debe abordarse cómo circularán los buses urbanos y extraurbanos, sino que son siete tipos de servicio regular de transporte los que se tienen, al menos en la Ciudad de Guatemala.
Expuso que específicamente se trata de: Transmetro, Transurbano, buses rojos o “chatarra”, según sus palabras; microbuses, mototaxis, tuc tuc y triciclos.
Y sobre el subsidio dijo que este ha sido mal usado en años anteriores y que tanto él como su bancada optarían por hacer una revisión antes de otorgar el mismo.
“Un subsidio a los autobuseros no puede ser posible porque históricamente fallaron al pueblo de Guatemala. Deberían revisarse las condiciones”, enfatizó.
A criterio de Lázaro Zamora, diputado de Unionista, si el Estado obliga al empresario a no usar el 50% de su bus debe darle un subsidio para pagar el otro 50%, tanto para el transporte público como el privado.
Consideró que recursos presupuestarios para ese fin sí hay, pero deberían buscarse y entregarse de forma ordenada, ya sea al usuario o al empresario.
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Directo al usuario
Eduardo Velásquez, investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), fue enfático al asegurar que el subsidio tiene que llegar a la población de una forma directa.
“Solo en ese caso se podría justificar un subsidio para el transporte urbano, no más a los empresarios. No se puede trasladar cifras millonarias al sector que defraudó a la ciudadanía”, aseveró.
Y Bladimir Díaz, secretario de la junta directiva de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, compartió la idea de que al haber un subsidio debe ser directamente al usuario.
“Porque el transportista no lo usa realmente para el fin que está establecido”, dijo.
Entre las propuestas que mencionó está el que se deposite directamente a las personas por que tienen su tarjeta prepago, por ejemplo, o bien buscar otros mecanismos.
En su opinión, la tecnología es un elemento importante y se presta ahora para muchas ventajas, por lo que debería ser la vía para controlar a quiénes, cuánto y cómo se otorga.
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