El Gobierno declaró estado de Sitio en tres municipios de Izabal y dos de Alta Verapaz, bajo el argumento de que se trata de una medida para desarticular grupos del crimen organizado que operan en la región.
El decreto gubernativo 13-2020 fue emitido el domingo 19 de julio. En este se indicaba que existía un plazo de tres días para que el Legislativo para que lo conociera, ratificara, modificara o improbara.
Para este jueves fueron convocados los legisladores a una sesión extraordinaria en la que se tiene previsto conocer la normativa.
Sobre este tema se conversó hoy en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas. Como invitados por la vía telefónica participaron seis diputados de diferentes bancadas.
Aníbal Rojas, jefe del bloque Viva, resaltó la importancia de garantizar a los ciudadanos la vida, paz, seguridad y desarrollo integral.
Indicó que en esa región operan grupos de narcotráfico y recordó que en una reunión realizada ayer en el Congreso, el ministro de Gobernación habló sobre las irregularidades detectadas en esos municipios.
Entre estas mencionó la presencia de grupos subversivos, de narcotráfico, uso de pistas clandestinas. Además, que ciertas personas accionan incluso contra la libre locomoción.
Gobierno declara estado de Sitio en municipios de Izabal y Alta Verapaz
Por su parte, Andrea Villagrán, de Bien, aseguró que como bloque legislativo consideran que el estado de Sitio es una medida represiva, por lo que están en contra de ratificarlo.
En su opinión, los estados de Sitio han servido como mecanismos de control para favorecer a sectores de la agroindustria. Y en lugar de servir para buscar soluciones puede generar más problemáticas.
“El gobierno desde que inició su gestión ha utilizado los estados de excepción como medidas que no resuelven, no han servido más allá que para generar más violencia”, destacó.
De igual forma, recordó que el país está bajo una emergencia sanitaria, por lo que enviar contingentes por ahora genera focos de contagio en municipios que no cuentan con sistemas de salud fuertes.
Mientras tanto, Jorge García, de Prosperidad Ciudadana, manifestó que ese bloque siempre ha sido en pro de la vida y de respetar la ley.
Argumentó que la Constitución obliga a que se proteja la vida de todos los guatemaltecos y no se debe esperar a que haya un muerto para decir que hay suficientes indicios para declarar un estado de Sitio.
“Considero que las medidas tomadas por el presidente (Alejandro Giammattei) son las correctas porque son para preservar la vida de los guatemaltecos”, enfatizó.
A su criterio, hay indicios suficientes para respaldar la medida, pues se ha observado la usurpación de esa región por parte de grupos armados que tienen que ver con el narcotráfico, el robo de fluido eléctrico, entre otros delitos.
Señalan que no tiene materia
Bernardo Arévalo, jefe del bloque Semilla, consideró que ya el decreto ya perdió vigencia porque la ley señala que debe ser trasladado inmediatamente, a más tardar en tres días.
Sin embargo, el decreto fue publicado el 19 de julio, así que después del 22 de julio ya no tiene materia.
Además, cuestionó la necesidad de establecer un estado de Sitio en esa región, pues a su criterio, el Gobierno le ha dado un uso injustificado e innecesario de esta medida.
Ello porque, según sus palabras, no se están considerando las condiciones extremas de ingobernabilidad, de un grado tal que fuercen al estado a suspender las garantías constitucionales para enfrentarlos.
“Lo que estamos viendo son problemáticas de seguridad que deberían ser efectivamente tratadas, pues nadie está negando que hay un problema y que la seguridad de las personas está en juicio, pero esto no requiere que haya una suspensión de esas garantías”, manifestó.
El legislador consideró que se ha visto especie de patrón implementado ante la ausencia de una política de seguridad clara y efectiva, que consiste en que el Estado aplica estas medidas para resolver problemas.
“Decretan un estado de Sitio que más parece dar solo la impresión de que se está haciendo algo, aunque no sea así”, destacó Arévalo.
https://desarrollo2.emisorasunidas.com/2020/07/20/allanamientos-izabal-estado-de-sitio/
Oscar Argueta, del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que la situación en todo Alta Verapaz y buena parte de Izabal e incluso en Petén, es compleja y convulsa en cuanto a factores socioeconómicos, culturales y por la presencia del crimen organizado trasnacional.
Aseguró que la situación es complicada en la región y no es la primera vez que se declara un estado de excepción, pues el Gobierno anterior también lo hizo en esos municipios para buscar a personas que asesinaron a elementos del Ejército.
Sin embargo, consideró que existe un problema de fondo, que consiste en la falta de presencia del Estado y eso permite que otras fuerzas ocupen ese territorio para hacer la función que debiera cumplir el mismo.
En ese sentido, señaló que el estado excepcional de limitar garantías constitucionales no tendrá ningún efecto si no va caminando al lado de que se implementen mecanismos por el Estado para garantizar la vida, seguridad y el acceso a servicios indispensables.
Asimismo, el parlamentario coincidió con Arévalo al señalar que ya perdió materia el decreto que declara el estado de Sitio, y anunció que los diputados de la UNE no se presentarán a la sesión plenaria.
“Esa aprobación que quieren hacer ahora es irregular por no haber cumplido con el proceso que la Constitución establece y será objeto de impugnaciones, pues se un acto ilegal”, enfatizó.
https://desarrollo2.emisorasunidas.com/2020/07/21/vicepresidente-estado-de-sitio-izabal-alta-verapa/
En tanto, Lecsan Mérida, jefe de la bancada Humanista, señaló que en el área en donde se declaró estado de Sitio ha habido muchos actos de violencia, incluidos asesinatos, y es “una especie de zona sin control, en donde abunda mucho la delincuencia”.
“Lo que hay es crimen organizado y no debiéramos tener un estado de excepción, pues eso prácticamente es el reconocimiento de que de parte del Estado no se está dando la seguridad en el marco de un estado de derecho”, dijo.
Por ello manifestó que es la ley contra el Crimen Organizado la que debe aplicarse, pues no se puede aceptar que haya un estado de excepción cuando hay deficiencias del Estado de cumplir ciertos actos que le corresponden.
Y en cuanto a si quedó sin materia o no, señaló que los tres días a que se refiere la Constitución pueden ser sujeto a interpretación, porque dice que dentro de tres días lo debe conocer el Congreso y hasta hoy no se ha hecho ,por lo que puede interpretarse como que a partir de ahora es que corre el plazo.
En su caso, la bancada que representa sí se presentará a la sesión para conocer más sobre el tema.
Sin embargo, hasta ahora no tienen una postura sobre si respaldarán la ratificación. Será antes de la plenaria cuando los diputados se reúnan para definirla.
