La mañana de este jueves 25 de junio de 2020, se llevó a caco una audiencia en el Juzgado Mayor Riesgo D a cargo de Erika Aifán, en la cual la defensa del exdiputado Armando Escribá pidió el arresto domiciliario para su defendido.
#ConstrucciónCorrupción Defensa del exdiputado Armando Escribá pide a la jueza Erika Aifán el beneficio del arresto domiciliario para el excongresista. La audiencia está en desarrollo en el Juzgado de Mayor Riesgo D. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/BIYJPg4szm
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 25, 2020
La jueza Aifán resolvió rechazar la solicitud de la defensa, por lo que el exparlamentario seguirá en prisión preventiva por el caso conocido como Construcción y Corrupción fase 2.
#AHORA Exdiputado Armando Escribá seguirá en prisión preventiva, jueza rechazó la petición del arresto domiciliario. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/AtEK5tiIFf
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El exdiputado será procesado por cuatro delitos en el caso antes mencionado, luego que el 12 de marzo pasado la jueza en mención lo ligara a proceso.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) acusa al excongresita de los delitos de concusión, fraude, lavado de dinero y falsedad en la declaración patrimonial.
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El señalamiento de la FECI determina que Escribá mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).
El diputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales, el requerimiento fue interpuesto por la fiscalía desde septiembre de 2018.
Se entrega a la justicia
Un día antes de perder su inmunidad, el 13 de enero de 2020, el exdiputado Escribá se presentó al Juzgado Mayor Riesgo D para solventar su situación legal.
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Una semana antes la Fiscalía Especial contra la Impunidad coordinó tres allanamientos para capturarlo. Sin embargo, el las viviendas allanadas no logró localizarlo.
Al parlamentario lo vinculan con las compañías antes mencionadas, que obtuvieron contrataciones con el Estado.
