La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) planteó ante la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo contra la resolución emitida por la Sala Primera de Mayor Riesgo que confirmó el arresto domiciliario a favor de la expresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.
En febrero pasado la Sala Primera de Mayor Riesgo confirmó el arrestó domiciliario a a favor de la excandidata presidencial.
El pasado 10 de enero el Juzgado de Mayor Riesgo “E” le otorgó el arresto domiciliario a Torres Casanova luego de pagar Q800 mil para recuperar su libertad.
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#FinanciamientoIlícitoUNE FECI planteó amparo contra la resolución emitida por la Sala Primera de Mayor Riesgo que confirmó el arresto domiciliario a favor de la excandidata presidencial, Sandra Torres. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/g7mlWKONNn
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Previo a recuperar su libertar, la Jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, a cargo del caso Financiamiento UNE la citó al Juzgado para que se comprometa a cumplir las medidas sustitutivas.
El caso
En el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias”, surgido en enero de 2018, que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV, S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.
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Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.
Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron, afirma la investigación del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Estos aportes no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según constató la FECI.
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Con información de Alexander Váldez
