Por Francisco Pérez
Durante la sesión plenaria de este martes, el Congreso aprobó el Decreto 7-2020 Ley para la Protección del Cultivo del Plátano y Banano en Guatemala.
Luego del beneplácito otorgado por los legisladores hubo diversas reacciones respecto de esta normativa.
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Ambigua
A decir de la diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, la misma tiene cierta amigüedad en la manera de cómo fueron redactados los artículos.
Añadió que se deja abierta la posibilidad de que sea el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) el que costee las campañas de control de la plaga fusarium oxysporum, y que se destinen loslos recursos financieros para ello.
“Sí establece medidas de prevención y monitoreo para prevenir enfermedades hacia ese producto (banano y plátano), pero la en la ley no queda muy claro cómo se implementará esa política de prevención”, indicó Gutiérrez.
Según la congresista, solo se mejoran las atenciones a favor de los productores del banano y del plátano, más no las condiciones de los trabajadores.
#EUCongreso El pleno del @CongresoGuate aprueba el decreto legislativo 7-2020 Ley de protección del cultivo de plátano y el banano en la república de Guatemala, posterior a ello se levanta la sesión. pic.twitter.com/p3VWnoRBJm
— Francisco Perez (@FcoPerez_EU) March 11, 2020
Intervención del Estado
El diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), detalló que es una intervención mixta la que se estableció en la Ley para que el Estado genere la protección de esta actividad productiva, por la cantidad de recurso económico que genera.
“Cuando hablamos de las repercusiones que tiene una plaga en un producto de este tipo se demanda la intervención del Estado. Hay que recordar que el Estado ha generado acciones con el café, la caña de azúcar y el arroz, por eso es importante que se generen los recursos por el impacto negativo de la plaga”, dijo Blanco.
El congresista enfatizó que no se tocó el tema de los salarios porque eso se ve en el tema del salario mínimo, por lo que no hay que “revolver una cosa con otra”, ya que el Estado debe proteger esa actividad productiva.
