Por mayoría, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no retirarle la inmunidad al diputado Boris España, señalado en el caso “Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo“.
El caso antes mencionado está relacionado con los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, violación a la Constitución y lavado de dinero.
#Urgente Corte Suprema de Justicia resolvió mantener inmunidad al diputado Boris España, implicado en el caso “Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo”. El @MPguatemala no podrá investigarlo. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/mSwBwmd9nC
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 28, 2020
El 6 de mayo 2019, el Ministerio Público (MP) presentó en gestión penal de la CSJ una solicitud de antejuicio contra siete diputados del Congreso, entre los cuales destaca España.
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Según el ente investigador, esa acción obedeció a un nuevo caso de corrupción que involucra a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, debido a que los hechos se pudieron haberse cometido durante el gobierno del Partido Patriota.
Ante la solicitud de retiro de inmunidad, el diputado Boris España dice que “el uso de la figura de colaborador eficaz de una manera irresponsable y sin fundamento en mi persona, jamás fui de línea del PP y era aprendiz de diputado”. Vía: @FcoPerez_EU 1/2 pic.twitter.com/hzjjwa6Kvo
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 7, 2019
Más del caso
Todo se remonta desde enero de 2012 a abril de 2015, años en los cuales desde la Vicepresidencia, a cargo de Baldetti, se negociaba el pago para obtener los votos necesarios en el Congreso de la República para la aprobación de leyes, la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas, la designación de la CSJ y de la Corte de Apelaciones, así como la elección de presidencias de comisiones legislativas.
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Según la investigación, la promesa por estas elecciones y designaciones era el pago bimensual por Q50 mil a cada diputado que favoreciera con su voto.
En total, el pago de estos favores pudo haberse erogado alrededor de Q57.8 millones, de acuerdo con las pesquisas.
“La Champurrada”
Los legisladores son señalados de pagar la denominada “Champurrada”, la cual se refiere a la compra de votos en el Congreso.
“Desde la Vicepresidencia, el dinero era repartido través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como “jefes de línea” o “brochas”. Éstos, además de estar encargados de la repartición del dinero al resto de diputados, (pagos referidos por los mismos como “las champurradas”), también se encargaban de trasladar las instrucciones que emanaban de la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías”, reveló en ese entonces la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
