La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, decidió ligar a proceso penal por el delito de fraude al exministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, señalado en el caso de financiamiento electoral al partido Unionista.
Según expuso el Ministerio Público (MP), Martínez habría autorizado el uso de fondos públicos para financiar la campaña del partido Unionista.
La persecución penal contra el extitular de la cartera del Tesoro surgió luego de allanamientos realizados entre 2017 y 2018 en la Municipalidad de Guatemala y sus dependencias.
Omar Barrios, abogado defensor de Martínez, dijo que el MP no presentó ningún indicio que acredite la posible comisión del delito por parte de su defendido.
Se le impusieron las siguientes medidas de coerción impuestas:
1. Prohibición de salir del país.
2. Prohibición de no comunicarse con otras personas ligadas a proceso.
3. Control biométrico en el Ministerio Público cada 15 días.
— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 24, 2020
Investigación
Tras los allanamientos realizados en la comuna capitalina y varias de sus dependientes e instalaciones de una empresa financiera, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron una modalidad de financiamiento electoral anómala en las campañas de 2011 y 2015.
De acuerdo con el MP y la CICIG, se pretendía garantizar la permanencia del entonces alcalde Álvaro Arzú, quien, según lo localizado, fue identificado como “Alfa 1”, y de dicha organización política al frente de la comuna.
Estrategias
Las pesquisas destacaron que un grupo de personas, incluidos particulares y funcionarios de la alcaldía capitalina, realizaron una serie de estrategias para mantener el control de la entidad.
Según la Fiscalía, el Partido Unionista utilizó Q1 millón del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU), para financiar actividad que se realizaron en distintas zonas para llamar al voto.
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El MP señala al extitular de la cartera del tesoro, que aprovechándose de sus funciones como miembro del FAPU, entre 2011 al 2015 y “con fines políticos partidarios” desarrolló un mecanismo de engaño en el interior de dicho fideicomiso para la contratación, con cargo a fondos públicos, de servicios y productos a utilizarse dentro del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana”.
