La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, por medio de Twitter le pidió al presidente Alejandro Giammattei vetar reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales.
“Alejandro Giammattei un proyecto de ley que limita a las ONG no lo debe firmar. La gente de Guatemala necesita un presidente que establezca límites y defienda las leyes”, dice el tuit de Torres.
.@DrGiammattei, a bill limiting NGOs is a bill you should not sign. The people of #Guatemala need a president who sets boundaries & upholds the #RuleOfLaw. Help incentivize your people to hold their government accountable.
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) February 15, 2020
Diputado denuncia
Las recientes reformas a la ley que regula a las ONG afectan directamente a los grupos defensores de los derechos humanos y criminaliza a la sociedad civil, denunció el diputado Aldo Dávila, quien acompaña las protestas de los movimientos sociales contra dicha normativa.
“Es una ley regresiva, que pretende criminalizar a las asociaciones civiles que le han sacado la tarea al Estado de Guatemala en acceso a la educación, la salud, el trabajo, la justicia, entre otro”, afirmó Dávila, parlamentario del movimiento político Winaq, en un video subido a su cuenta de Twitter.
Presentando amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la aprobación a la “Ley de ONGs”. Rechazamos la forma opaca en la que se aprobó esta ley, esta normativa afecta directamente a los grupos que defienden los Derechos Humanos y criminaliza a la sociedad civil. pic.twitter.com/do7lxFdA23
— Aldo Davila (@AldoDavilagt) February 13, 2020
Winaq presentó el 14 de febrero un nuevo amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la normativa, aprobada el 11 de febrero por 81 diputados del Congreso, en medio de denuncias de opacidad en el proceso y críticas a las restricciones que impone a las ONG en Guatemala.
La normativa, identificada como el decreto 4-2020, restringe el financiamiento a los grupos sociales, advierte sobre su cancelación en caso de alterar el orden público y establece sanciones civiles y penales contra sus directivos.
