El Presidente, Alejandro Giammattei destituyó al gobernador de Escuintla, Jorge Estuardo Segura, por alertar a criminales por el Estado de Prevención decretado en ese departamento.
De acuerdo con Giammattei, Segura alertó a los pandilleros del despliegue de las Fuerzas de Seguridad en Escuintla este 14 de febrero.
Giammattei aseguró que cuentan con audios de un excandidato a diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) quien alerta a un grupo de personas a través del servicio de mensajería WhatsApp, en los cuales alerta de los planes del Gobierno por intervenir en el departamento.
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#Urgente Presidente @DrGiammattei señala que destituyó al gobernador de Escuintla, Jorge Segura, por haber alertado a pandilleros del estado de Prevención en ese departamento. Vía: @AdrianSoto_EU pic.twitter.com/aRN1znWbGx
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 14, 2020
Segura fue alertado del Estado de Prevención, cuando las autoridades instalaban el centro de mando en el edificio de Gobernación Departamental.
Giammattei indicó que al enterarse de la fuga de información, le indicó a Segura que por su deslealtad, sería destituido.
El Gobierno indicó que analizan si Segura incurrió en infidelidad en su cargo, para ser trasladado al Ministerio Público (MP).
Según Comunicación Social de la Presidencia, fue Harold Orlando Urías Barrera, el miembro de la sociedad civil contactado por el Gobernador de Escuintla, Jorge segura, quién filtro la información a pandilleros sobre el estado de prevención en Escuintla.
Urías Barrera ostentaba los cargos de presidente de la Junta Directiva de la Coordinadora de la Sociedad Civil Organizada de Palín y Secretario General Departamental del partido político URNG.
También fue candidato a diputado distrital por Escuintla en 1ra. casilla del partido URNG en 2019.
Más del estado de Prevención
El Gobierno de Guatemala por medio del decreto Gubernativo Número 4-2020 publicado en el Diario de Centro América declaró estado de Prevención en seis municipios de Escuintla.
El acuerdo detalla que la medida fue tomada porque en los municipios “se ha establecido que existen y operan grupos que alteran el orden público y realizan una serie de actos que afectan el bien común, la gobernabilidad y el orden institucional, en especial lesionan los bienes jurídicos tutelados de personas, familias y comerciantes”.
