El presidente Alejandro Giammattei destituyó al Gobernador Departamental de Escuintla, Jorge Estuardo Segura, por supuestamente alertar a criminales del estado de Prevención decretado en ese departamento.
Giammattei aseguró que en un audio que recibió, Harold Orlando Urías Barrera, de la sociedad civil y excandidato a diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), alertó a un grupo de personas a través del servicio de mensajería WhatsApp, sobre el estado de Prevención, tras ser informado por Segura.
“Hace 30 minutos aproximadamente nos traslado la información personalmente el gobernador Jorge Segura, que a partir de mañana a las 6 de la mañana inicia estado de Prevención en seis municipios del departamento de Escuintla”, indica la persona en el audio enviado a través de WhatsApp.
Urías Barrera adelantó en el audio, que el estado de Prevención sería decretado en Eescuintla, Palín, Nueva Concepción, San José, Santa Lucía Cotzumalguapa y Tiquisate, tal y cómo lo decretó el Gobierno.
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Segura explicó que en el audio en referencia es otra persona que hace mención de su nombre, “más no es mi voz, ni soy yo quien lo realiza”, expresó.
“Es triste y lamentable escuchar las declaraciones del señor Presidente, sin fundamento”, indicó Segura en entrevista en Hora 14 de José Eduardo Valdizán.
El funcionario indicó que el objetivo de ese señalamiento es demeritar su trabajo, ya que además se había postulado para continuar al frente de Gobernación.
#EUHORA15 "Creo que lo viralizaron en el departamento de Escuintla y lo hicieron llegar a la manos del presidente", Jorge Segura, gobernador de Escuintla.
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 14, 2020
Más del estado de Prevención
El Gobierno de Guatemala por medio del decreto Gubernativo Número 4-2020 publicado en el Diario de Centro América declaró estado de Prevención en seis municipios de Escuintla.
El acuerdo detalla que la medida fue tomada porque en los municipios “se ha establecido que existen y operan grupos que alteran el orden público y realizan una serie de actos que afectan el bien común, la gobernabilidad y el orden institucional, en especial lesionan los bienes jurídicos tutelados de personas, familias y comerciantes”.
