Al Congreso ingresó este jueves tres iniciativas de ley propuestas por el Gobierno, las cuales fueron anunciadas por el presidente Alejandro Giammattei durante su discurso de toma de posesión.
Las propuestas están enfocadas a la liquidación y disolución de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), la protección a policías en el uso de armas, así como declarar a las maras como terroristas.
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Procedimiento
Respecto de la iniciativa que se refiere a la SAAS, se establece la integración de una comisión liquidadora que funcionará en un plazo de un año, contando a partir de su conformación.
Esta estaría a cargo del secretario de esta entidad, representantes titulares y suplentes de la Secretaría General de la Presidencia, Contraloría General de Cuentas, de los ministerios de Gobernación y Finanzas; así como de la Oficina del Servicio Civil.
Sus funciones se enfocarán en realizar auditorías sobre el personal que conforma la institución, la evaluación y reubicación de los mismos. Se auditarán los bienes que posee, el análisis del presupuesto asignado y su plan operativo.
En el inciso “d” de esta propuesta se indica de un cronograma para llevar a cabo “de forma ordenada el traspaso o delegación de las competencias o atribuciones” de la SAAS.
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Contra las pandillas
Respecto de declarar a las pandillas como terroristas, en la referida iniciativa enviada por el presidente Alejandro Giammattei se hace referencia adicionar el artículo 391 Bis del Código Penal, el cual destaca como Terrorismo con fines de desorden público social.
En este se explica: “Quien con el propósito de transgredir la paz social o el orden público del Estado, se organice, constituya o pertenezca a grupos criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad y simbología, ejecutare actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas, dañe o se apropie injustamente de propiedad privada o pública, atente contra la salud pública o la seguridad ciudadana, realice acciones intimidatorias o de coacción en forma pública con finalidad patrimonial en contra de personas individuales y jurídica, comercio o servicios públicos, será sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos”.
También indica que “igual sanción corresponderá a quienes promueven, financien o se beneficien directamente de las actividades que realicen estos grupos criminales”. “La pena se aumentará en una tercera parte a los jefes, cabecillas, líderes o dirigentes de estos grupos criminales”.
