La vida de la Ley de Aceptación de Cargos fue solo de algunas horas, hasta que la Corte de Constitucionalidad (CC) la suspendió. Pero un exfuncionario procesado por corrupción había pedido que se le otorgaran los beneficios de dicho instrumento legal.
El exministro Jorge Rodolfo Ortiz, vinculado al caso “Construcción y corrupción”, había solicitado al Juzgado de Mayor Riesgo D que se le sometiera al procedimiento que establecía la referida normativa.
La petición debía ser conocida por la jueza Erika Aifán, quien después de la resolución del tribunal constitucional está impedida para hacerlo, afirmó el Ministerio Público (MP).
#AHORA Previo a que se suspendiera la Ley de Aceptación de Cargos, el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Rodolfo Ortiz, había presentado un memorial solicitando al procedimiento establecido en esa normativa dentro del caso #ConstrucciónCorrupción. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/Y86M6fpkVO
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 17, 2020
De acuerdo con el memorial que presentó la defensa del sospechoso ante la referida judicatura, Ortiz confesaría sus acciones ilícitas con la intención de agilizar el desarrollo del proceso penal en su contra y con la intención de que se le impusiera una sanción mínima.
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Ley de aplicación inmediata
El Congreso de la República modificó el Código Procesal Penal con la formación de la Ley de Aceptación de Cargos, con la cual se dio a los jueces una herramienta para que agilizaran los procesos penales en contra de personas sospechosas de diversos delitos, entre los cuales figuraban los de corrupción y de crimen organizado.
Por tratarse de una ley procesal, según afirmó el órgano encargado de la persecución penal, su aplicación debería ser inmediata a su entrada en vigencia.
Organizaciones sociales accionaron en contra de la vida de la normativa y la CC les dio la razón al señalar que contradice la Constitución Política de la República de Guatemala.
El fallo de la Corte fue unánime y se emitió el pasado jueves 16 de enero.
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