La excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, fue beneficiada con arresto domiciliario, el cual solicitó a la jueza de Mayor Riesgo “E”, Eva Recinos, quien la favoreció con dicha medida.
Torres, quien enfrenta proceso legal por el caso de financiamiento a dicho partido político en las Elecciones 2015, dio declaraciones a los medios y se limitó a decir: “Confío en Dios y en la justicia, no le debo nada a la justicia”.
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Esta es la reacción de Sandra Torres al conocer que fue favorecida con arresto domiciliario. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/WJR06FJYCW— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 8, 2020
Fianza
Para que la excandidata presidencial de la UNE regrese a su residencia se le impuso una caución económica de Q800 mil.
Además, el Juzgado de Mayor Riesgo “E” puso limitantes a Torres quien no podrá salir del departamento de Guatemala.
Sandra Torres dice que no le debe nada a la justicia y que cuando termine el proceso emitirá sus opiniones al respecto. @PublinewsGT pic.twitter.com/tjYCqaDhb8
— Jerson Ramos (@JRamos_PN) January 8, 2020
Sandra Torres recupera su libertad bajo arresto domiciliario
El caso
En el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias”, el cual surgió en enero de 2018, se develó la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV, S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.
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Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.
Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron, afirma la investigación del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Estos aportes no fueron reportados al TSE, según constató la FECI.
