La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo planteado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el cual buscaba que se revirtiera la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien no avaló procesos de antejuicio contra cuatro diputados del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Esto se debe al caso de financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito por parte de esta agrupación política, en donde también es señalada la excandidata presidencial Sandra Torres.
Diputados de la UNE denuncian al jefe de la FECI por “comercializar información”
Reelectos
Se trata de los congresistas Joaquín Flores, Karina Paz, Jorge Vargas y Julio Excamey quienes fueron reelectos.
El 2 de septiembre pasado, la excandidata presidencial Sandra Torres fue detenida y enviada a prisión preventiva por un caso de corrupción en las finanzas de su partido en 2015.
El caso
En el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias”, surgido en enero de 2018, que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV, S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.
Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.
Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron, afirma la investigación del MP y de la Cicig.
Estos aportes no fueron reportados al TSE, según constató la FECI.
