Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron un antejuicio presentado por el Congreso de la República contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenaron a diputados suspender el trabajo de la comisión que fiscalizaba lo actuado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El 11 de octubre pasado, el Congreso de la República presentó una querella penal contra los magistrados de la alta corte por la resolución que detuvo las labores de la comisión específica del legislativo para fiscalizar lo actuado por la comisión anticorrupción.
En esa ocasión se presentó ante la CSJ, una querella penal en contra de los magistrados: Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, Neftaly Aldana Herrera y José Francisco de Mata Vela.
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“La denuncia se enmarca en los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato, en los que habrían incurrido los magistrados al emitir una resolución que suspende provisionalmente la Comisión Específica de Investigación que verificaba el actuar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en sus 12 años de funcionamiento.”, indicaba en su momento un comunicado de la Junta Directiva del Congreso.
el comunicado.
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Otro revés para el Congreso
La CSJ rechazó in límine la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados de la CC, en relación a la querella presentada en su contra por haber actuado en contra de la Ley de Reconciliación Nacional.
Los argumentos que consideraron los magistrados de la CSJ, es que la querella interpuesta por el Congreso de la República, es ilegítima y que no cumplía con los requisitos adecuados.
La Corte de Constitucionalidad recibió la notificación de la resolución de la CSJ.
Rechazan antejuicios contra diputados
La CSJ también rechazó los antejuicios presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) contra los diputados Haroldo Quej, Gustavo Medrano, Juan José Porras Castillo y Marco Antonio Orozco por el caso “Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo”.
