El exinterventor de la Portuaria Quetzal, prófugo de la justicia, Allan Marroquín, mediante su cuenta de Twitter dio a conocer que envió una carta a la “comisión de la verdad” contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en donde denunció que hubo violaciones a sus derechos humanos por parte de esta entidad y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
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Recibida
El departamento de Comunicación del Legislativo confirmó que dicha comisión recibió la denuncia firmada por Marroquín, la misma iba dirigida al tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso, Juan Ramón Lau.
“Tengo imposibilidad física de presentarme ante el Congreso toda vez que tramito conforme a convenciones internacionales, un asilo político en los Estados Unidos”, indicó el exinterventor de EPQ.
“Presunción de inocencia”
Añadió: “Los culpables tienen derecho a buscar sus absoluciones en procesos justos y desprovistos de trampas y violaciones a sus derechos humanos. Las víctimas de delitos merecen un juicio que sin trampa les reintegre un poco de lo que perdieron. Pero más importante, sin juicios en ley, con justicia y debido proceso no se construye país, sino todo lo contrario”.
“Planteo la presente denuncia de violación a los derechos humanos de debido proceso, presunción de inocencia, derecho a un juez imparcial, derecho a una investigación objetiva, derecho de defensa, derecho a contar con un abogado libre de presiones, derecho a un juicio pronto y cumplido, entre otros derechos que manifiesto en el documento adjunto”, agregó.
#AHORA @CongresoGuate confirma que la denominada “comisión de la verdad” recibió una denuncia firmada por Allan Marroquín, exinterventor de Portuaria Quetzal.
Vía @FcoPerez_EU pic.twitter.com/8Uaa3ZOpLi— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 17, 2019
Caso
A Allan Marroquín se le vincula en la firma de un contrato irregular, a cambio de sobornos millonarios, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal, de la cual era el interventor.
El caso fue dado a conocer por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como el Ministerio Público (MP), el 15 de abril de 2016.
Según la CICIG y el MP indicaron que en el proceso de investigación de estableció que la firma del contrato sería por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas, esto alcanzaría una inversión de 255 millones de dólares.
En las pesquisas se determinó que el entonces secretario privado de Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, sirvió como intermediario entre los representantes de dicha empresa y el gobierno del Partido Patriota, en donde se acordó dar 24 millones de dólares en concepto de sobornos.
