El presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, afirmó que los diputados continuarán con las entrevistas a quienes dicen haber sido afectados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero a título personal.
Según Arzú Escobar, dichas audiencias no implica desobediencia a la Corte de Constitucionalidad (CC), que otorgó amparo provisional al Ministerio Público (MP), ente que se pronunció contra la comisión integrada para fiscalizar lo actuado por CICIG.
Derivado del fallo de la alta corte, la comisión integrada por Juan Ramón Lau, Aníbal Rojas, Luis Hernández Azmitia, Luis Pedro Álvarez y Manuel Conde quedó en suspenso, así como las actividades que habían llevado a cabo.
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Abogados explican por qué es improcedente la comisión que investiga a CICIGhttps://t.co/oHLoRDW9Bw pic.twitter.com/WrFoSeVXHe— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 8, 2019
Al ser preguntada en relación a lo dicho por Arzú Escobar, la Fiscal General, Consuelo Porras, dice que el MP hará lo que le corresponde, si se advierte que se comete cualquier hecho ilícito en ese contexto.
Porras añadió que desde el momento en que no se respete una resolución de la Corte, constituye “obviamente un incumplimiento”.
Cuestionada la Fiscal General acerca de cómo actuará la Fiscalía, si existe incumplimiento de la comisión específica del Congreso de la República tras el amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, señaló que el Ministerio Público “hará lo que le corresponde” como ente investigador.
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“Es importante en principio señalar que el Ministerio Público hará lo que le corresponde como ente investigador si se advierte cualquier comisión de cualquier hecho ilícito, esto va partir en el momento en que sean notificados ellos del amparo para que surta los efectos correspondientes”, dijo Porras.
Además dijo que el efecto del amparo provisional es inmediato porque tiene efectos positivos.
“Desde el momento en que notifican a las partes dentro de una acción constitucional, estamos obligados a atender inmediatamente porque es una resolución de la alta Corte de Constitucionalidad y consecuentemente, desde el momento en que no se atienda y respete obviamente entra el incumplimiento”, dijo Porras.
Al ser cuestionada si podrían presentar solicitud de antejuicio contra los integrantes de la comisión específica, dijo: “No adelantemos acontecimientos, ahora esperemos que sean notificados y sobre la base de la notificación se irá observando qué actitud se va asumir, les encargaría que no adelantemos ninguna pregunta que fuese incierta”, agregó.
La comisión antiCICIG
Con 82 votos, los diputados crearon una comisión específica para fiscalizar lo actuado por la CICIG, la cual fue disuelta el 3 de septiembre pasado.
Los diputados pretenden con dicha comisión “investigar” si el personal de la CICIG hizo su trabajo conforme a lo establecido en la Constitución, ya que durante 12 años “actuaron sin supervisión”.
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