Mediante un comunicado, el presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Bonerge Mejía, mencionó que ni esta entidad “ni su presidente, han autorizado ninguna visita oficial a la Casa Blanca, ni ha otorgado representación de este Tribunal a ningún magistrado o funcionario de la Corte”.
Esta reacción surge luego de que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, asegurara que la magistrada Dina Ochoa lo acompañó a una reunión con funcionarios estadounidenses en Washington, específicamente en la Casa Blanca, donde se trató el tema del acuerdo migratorio de asilo, conocido como “Tercer País Seguro”.
https://desarrollo2.emisorasunidas.com2019/09/18/degenhart-dice-magistrada-acompano-reunion-acuerdo-migratorio-ella-niega/
Mejía destacó en el enunciado que “cualquier información emitida por cualquier magistrado o funcionario a título personal, no es atribuible al Pleno de la Corte de Constitucionalidad, que ejerce las funciones que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala con total independencia”.
Lo negó
Sobre este tema, Ochoa comentó negó que haya participado en la reunión que hizo mención Degenhart, aunque destacó que sí viajó a Washington pero por un tema personal.
Que investigue el MP
A decir del excanciller Gabriel Orellana, quien interpuso un amparo por el tema del acuerdo migratorio firmado entre Guatemala y Estados Unidos, el Ministerio Público (MP) debe actuar en este caso, ya que pone en juego la credibilidad y el prestigio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ya que la alta corte es un tribunal independiente.
“El Ministerio Público por mandato constitucional tiene las cartas en el asunto porque imagínese usted que aquí está en juego nada más y nada menos que la credibilidad de la Corte de Constitucionalidad, está en juego el prestigio generalizado de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Definitivamente, aquí sí habría la necesidad de hacer una investigación seria y profunda, a manera de que en el futuro no vuelva a repetirse”, expuso.
“Algo común del gobierno”
Por su parte el excandidato presidencial, Manfredo Marroquín, quien también fue amparista sobre el tema, dijo que a su consideración esta situación le parece como algo común de este gobierno.
“Me parece algo muy propio y común de funcionarios de este gobierno que siempre mienten para esconder su verdadera agenda. Evidentemente hicieron reuniones que no son presentables de poder divulgarlas públicamente y por eso estas contradicciones lo único que reflejan es una política de ocultamiento y de mentira, que ha sido sistemática del gobierno y sus aliados, hablamos de una magistrada que ha sido bastante consistente en su voto de alianza con el gobierno, el gobierno lo que busca efectivamente es mentir”, comentó Marroquín.
