La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dio a conocer este jueves, que 11 denuncias de posibles hechos de corrupción fueron trasladadas al Ministerio Público (MP), para que se continúen con las averiguaciones.
“Estas denuncias son parte del material entregado el pasado 23 de agosto al Ministerio Público, en el marco del proceso de cierre de la Comisión, sobre las investigaciones en curso conjuntas entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP y la CICIG”, informó la Comisión en un comunicado de Prensa.
Estas son algunas de las denuncias entregadas por la Comisión de Naciones Unidas.
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- Comisiones Paralelas II
De acuerdo con la CICIG existen indicios racionales que señalan que en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2014-2019 existieron negociaciones que podrían encuadrar en delitos como tráfico de influencias y asociación ilícita.
En este nuevo caso, se refieren a las negociaciones para elegir a los magistrados por el Congreso de la República, en las cuales habrían influido Alejandro Sinibaldi y otros altos dirigentes del Partido Patriota, Manuel Baldizón del partido LIDER y el operador Gustavo Herrera.
Esto indica que los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron electos por las dos principales cúpulas políticas del país, a cambio de servir sus intereses y otorgar una protección jurídica desde su puesto en la máxima corte.
- Espionaje y Escuchas telefónicas ilegales, Acisclo Valladares Urruela
Durante una allanamiento la CICIG y el MP establecieron que varios miembros de un partido político de oposición y personas particulares, fueron sometidos a seguimientos y escuchas telefónicas sin orden judicial, configurando un caso típico de espionaje ilegal. Los vigilados ilícitamente fueron: miembros del partido político Movimiento Semilla; Niels Erichsen Vargas; María Fernanda Toriello Molina; Miklos Nagy Deak.
De acuerdo con CICIG, al parecer el actual ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela se aprovechó de su alto cargo dentro de una empresa de telefonía, para tener acceso a información sensible de políticos de la oposición y particulares vinculados al ámbito empresarial, así como de quien en su momento era su esposa.
El vocero de la @CICIGgt @matiasponce dio a conocer que fueron entregados al MP más de 10 denuncias y 50 memoriales o fichas de investigaciones en curso. pic.twitter.com/g3HB0xWWMh
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 30, 2019
- Posibles hechos de corrupción en la USAC (Carlos Estuardo Gálvez Barrios)
Ejerciendo funciones como rector de la USAC en los periodos de 2006 al 2014, Carlos Estuardo Gálvez Barrios autorizó y gestionó ante el Consejo Superior Universitario la realización de varios proyectos de obra gris y compra de terrenos, en los cuales se presume se adjudicaron proyectos a empresas con la oferta menos favorable; presumibles sobrevaloraciones del costo de las obras; ejecución parcial y/o proyectos no terminados y modificaciones en los contratos administrativos, indicó la Comisión.
- Posibles hechos de corrupción en la USAC (Murphy Paiz)
Las autoridades analizaron los procedimientos de adjudicaciones y contratos, otorgados por la Facultad de Ingeniería durante la gestión de Murphy Olympo Paiz Recinos, como Decano de la Facultad de Ingeniería de la USAC, los cuales suman un total de 482 contratos.
Dentro de estos y tras una investigación preliminar, se identificaron 62 proyectos de obra, en los que se pudo determinar que algunas de estas obras no fueron construidas; en otras se escogió la oferta más alta -y se presume una sobrevaloración en el costo de la obra.
- Posibles actos de corrupción en el Bantrab
En los hechos denunciados se indica cómo se desviaron fondos correspondientes al retorno sobre volumen de comisión de medios publicitarios.
Los recursos sustraídos por la entidad también fueron utilizados para financiar la campaña política del entonces Partido Patriota por intermedio de terceros y para cubrir otros gastos de las personas que administraban la entidad, algunos con relación laboral con la entidad bancaria.
#EUNacionales
¿Qué va a pasar ahora con la lucha contra la corrupción?Vea aquí: https://t.co/u7Jw65zR0x pic.twitter.com/1UX6mL6Pns
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 30, 2019
- Corrupción en la municipalidad de Nebaj, Quiché.
Existen varias denuncias por obras no ejecutadas con un valor de más de Q17 millones en la municipalidad de Nebaj, Quiché.
Las denuncias son en contra de Pedro Raymundo Cobo y Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, quienes tienen una trayectoria de continuidad en la municipalidad de Nebaj como alcaldes en diferentes periodos.
- Denuncia contra funcionaria de la Contraloría General de Cuentas
Dentro de la Investigación del caso Corrupción Integral-Lanquín Alta Verapaz se detectaron depósitos a diversas personas las cuales, aparentemente, no tenía ninguna relación con la municipalidad de Lanquín.
Se siguió la ruta de dichos depósitos y se encontró que los mismos provenían de cobros de cheques de la municipalidad, uno de los depósitos fue realizado a María Elizabeth Pacajá López, ex funcionaria de la Contraloría General de Cuentas.
- Prevaricato del Juez Víctor Cruz
Una empresa de telefonía presentó un recurso de reposición el 30 de noviembre 2017 en contra del Juez de Diligencias urgentes por haber autorizado el allanamiento a sus oficinas.
El 13 de febrero, la Juez Noveno no entró a conocer el recurso de reposición argumentando que la empresa no era sujeto procesal; por lo que la empresa presentó un amparo en contra de la decisión de la Juez Noveno, el cual fue conocido por la Sala Tercera de Apelaciones.
Ésta, en fallo del 22 de junio 2018, otorgó el amparo al considerar que la Juez Noveno debía entrar a conocer los recursos de reposición, dejando sin efecto la resolución del 13 de febrero 2018 y ordenando a la Juez Noveno dictar una nueva resolución.
- Fraude en la licitación de líneas y rutas de la Ciudad de Guatemala a favor e la AEAU
En el año 2009, miembros de la Municipalidad de la Ciudad Capital, con el objeto de favorecer directamente a personeros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), modifican los reglamentos que regulaban el funcionamiento del transporte público en la ciudad de Guatemala, ajustándolos a la propuesta de organización del transporte que estaban gestionando los personeros de la AEAU con empresas brasileñas desde el año 2008.
También organizaron un concurso público en el que desde las mismas bases hasta la calificación de ofertas y asignación de ganador, personeros municipales de manera deliberada favorecieran los intereses de los personeros de la AEAU, otorgándole la concesión de líneas y rutas.
- Financiamiento electoral ilícito Lider
El examen especial de auditoría realizado por el Tribunal Supremo Electoral al partido Líder, encontró contribuciones recibidas de forma anónima y no registradas hasta por Q 21 millones entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.
Con base en ese examen, el MP y la CICIG presentaron en agosto de 2017 una solicitud de antejuicio contra el diputado Roberto Ricardo Villate Villatoro, secretario de Líder. En el mes de febrero de 2018 se declaró con lugar la formación de causa contra el diputado Villate Villatoro.
- Impunidad caso Fénix II
La CICIG realizó un análisis de la documentación contenida en cinco voluminosos casos judiciales y detectó la existencia de una antigua organización criminal que ha operado de manera estructurada en los diferentes momentos del delito, comenzando por los actos preparatorios, la conspiración para su comisión, la ejecución de conductas y la garantía de protección e impunidad para sus integrantes.
Uno de los casos más emblemáticos en los que ha operado esta estructura para proveer impunidad, es el caso del desfalco millonario a los fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ocurrido en el año 2002 y en el que el principal señalado ha sido el señor Gustavo Herrera.
Las conductas que se denuncian en esta ocasión son asociación ilícita, conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos, encubrimiento propio, prevaricato, lavado de dinero u otros activos y obstaculización a la acción penal.
