La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó hoy el Informe Servicio Civil, en el cual se identifican una serie de irregularidades que posee el sistema burocrático nacional y que, según determina, se materializan en la prestación deficiente de servicios públicos.
Uno de los expositores, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Fernández Molina, señala que los principales problemas es la Ley de Servicio Civil.
Informe de #ServicioCivil | Sindicalismo y pactos colectivos en Guatemala y normativa de la huelga pic.twitter.com/zFJOEA6JfU
— Archivo de la CICIG Guatemala (@CICIGgt) August 7, 2019
Agregó que todos están relacionados a los focos de corrupción que se generan en los trámites, el abuso sindical, la imprecisión en el marco, así como la promoción de un marco electoral de corrupción política.
Además, cuestiona que no se conoce el número de trabajadores qué hay en el sector público, a pesar de que un ofrecimiento del gobierno de Jimmy Morales fue el de realizar un censo en el servicio gubernamental.
Fernández Molina agregó que la Ley del Servicio Civil data de 1968, 24 años después de que se creó el Código de Trabajo, que es necesario modificar en muchos aspectos.
Por su parte, María Alejandra Morales, integrante del equipo legal de Cicig, destacó que investigaciones efectuadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) demostraron que algunos los funcionarios de Gobierno utilizaron los puestos de trabajo como “moneda de cambio” en entidades que dirigían.
Al respecto señaló que eso se demuestra en algunos procesos investigados; entre estos los casos de plazas fantasmas en el Congreso, la caja de pagos en el Registro de Información Catastral y el expediente que se siguió en el Registro General de la Propiedad.
Informe #ServicioCivil | Recomendaciones para la creación de un sistema efectivo de servicio civil. pic.twitter.com/Prtx6XGUZR
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Los expertos, entre ellos Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), afirmaron que es necesario una ley que estableciera fuertemente la carrera administrativa y limitara a lo absolutamente indispensable la contratación de prestación de servicios y otros mecanismos utilizados para el pago de favores políticos, clientelismo y corrupción.
