La fiscal auxiliar Claudia Carrera, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron en Gestión Penal de Tribunales una solicitud de antejuicio contra 10 diputados señalados en el caso conocido como Asalto al Ministerio de Salud.
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Los parlamentarios imputados son
- Estuardo Galdámez
- Boris España
- Aracely Chavarría Cabrera
- Luis Alberto Contreras Colindres
- Marco Antonio Lemus Salguero
- Humberto Leoneol Sosa Mendoza
- José Inés Castillo
- Rodolfo Moisés Castañón
- Ronald Estuardo Arango
- Carlos Santiago Nájera Sagastume
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Juez cita a diputado Galdámez por antejuicio tramitado en su contra
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El 16 de julio pasado, el Ministerio Público (MP), con el auxilio de la Policía Nacional Civil (PNC) realizó diligencias judiciales autorizadas por el Juzgado de Mayor Riesgo D.
De acuerdo con el expediente, en esa ocasión se solicitaron 29 órdenes de captura y 84 citaciones a primera declaración dentro del nuevo caso denominado Asalto al Ministerio de Salud Pública.
Entonces, las autoridades diligenciaron 27 órdenes de aprehensión, lo que permitió la captura de 19 personas. Además, a consecuencia de la misma investigación, se planteo la posibilidad de solicitar antejuicios contra 10 diputados, lo cual se hizo efectivo esta mañana.
Antecedentes del caso
La investigación sobre actos de corrupción en el sector salud, realizada por la Feci y la Cicig, determinó el funcionamiento de una estructura criminal que entre los años 2012 y 2014, había cooptado el Ministerio de Salud.
Al profundizar en el caso, se logró determinar la forma en que operaba la estructura dentro de dicha cartera, la cual estaba plenamente organizada y evidenciaba conductas ilícitas que ocasionaron un detrimento del erario público mediante la asignación de contratos con el fin de obtener un beneficio individual ilícito.
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De esta manera la estructura se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, el cobro de comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas.
A la estructura le fue requerida la participación en los negocios, particularmente de los diputados a quienes se les plantea la solicitud de antejuicio para que enfrenten a la justicia.
