En una declaración conjunta un grupo de excancilleres y exembajadores de Guatemala exponen que el antejuicio contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), solicitado por diputados, es improcedente y atenta contra la integridad del régimen jurídico político de la República de Guatemala.
Añaden que es una acción riesgosa para la gobernabilidad democrática en un momento de incertidumbre política.
Además indican que las resoluciones de la máxima corte son inapelables, vinculantes y de aplicación general. Desobedecerlas transgrede el orden constitucional.
El documento está firmado por Alfonso Cabrera Hidalgo, Fernando Carrera, Ana María Diéguez, Jorge Mario García Laguardia, Edgar Gutiérrez y Pedro Miguel Lamport K.
También lo firman el exembajador Juan León, Gabriel Orellana, Roberto Palomo Silva, Rolando Palomo, Ana Isabel Prera, Ariel Rivera, Rodolfo Rorhmoser V. y Francisco Villagrán de León.
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De acuerdo con los exdiplomáticos, la CC fue creada para defender el orden constitucional de la República con el fin de cumplir su mandato.
Por tal motivo, es condición sine qua non que actúe con total independencia de los otros poderes del Estado y, también, de grupos de presión, apegándose fielmente a los principios de objetividad e imparcialidad, y el cumplimiento del debido proceso.
Agregan que la CC goza de facultades para resolver impugnaciones contra leyes de carácter general objetadas, parcial o totalmente, de inconstitucionalidad. Es su función resolver las impugnaciones que se le presenten sobre cualquier materia constitucional, incluyendo tratados, convenios y proyectos de ley.
Según ellos, tales funciones solo pueden ser ejercidas con la debida protección de los magistrados que integran la Corte, y que la Constitución prevé: inmunidad, inamovilidad y no persecución por sus opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. A este respecto, la CC ha generado jurisprudencia consistente.
En tal sentido, los excancilleres y exembajadores afirman que el recurso de antejuicio en contra de magistrados de la CC, presentado por diputados del Congreso de la República ante la Corte Suprema de Justicia, es improcedente, atenta contra la integridad del régimen jurídico-político de la República, y es riesgoso para la gobernabilidad democrática en un momento de incertidumbre política.
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Escuche el reporte de Manuel García
