Los Ángeles – Inmigrantes indocumentados con multas por cientos de miles de dólares por no acatar las órdenes de deportación que pesaban sobre ellos buscan respaldo en el Congreso de EE.UU. para desafiar los castigos de la Administración de Donald Trump.
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Se trata de las guatemaltecas Hilda Ramírez y María Chavalan Sut, con multas por US $303 mil 620 y US $214 mil 132, respectivamente. En la lista también está la mexicana Edith Espinal, que enfrenta una multa de US $497 mil 777.
Las tres están refugiadas en iglesias y son algunos de los inmigrantes afectados por las políticas del presidente Trump.
María Chavalan Sut
La triste historia
María Chavalan Sut llegó al país en 2015 buscando asilo político y vive desde septiembre del 2018 en la Iglesia Wesley Memorial United Methodist en Virginia.
La misma situación afronta Hilda Ramírez, quien está refugiada con su hijo Iván en la iglesia presbiteriana San Andrés, en Austin, Texas.
Impulsada por el miedo a que las autoridades irrumpan en el santuario, la detengan y la separen de su hijo, Ramírez dirigió un mensaje a los líderes demócratas.
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En un comunicado, pidió a legisladores como el senador Bernie Sanders y el representante Julián Castro que cumplan las promesas que han hecho y hagan de la lucha por los indocumentados y las personas que están en santuario “una prioridad”.
Al llamado se unieron ciudadanos estadounidense afectados por las políticas migratorias del Gobierno Trump, como Carly García, quien vive separada de su esposo Alex desde que él buscó refugio en una iglesia en Misuri para evitar su expulsión del país.
Hilda Ramírez
El caso de la mexicana
La inmigrante mexicana Edith Espinal, de 42 años y madre de tres hijos, está refugiada en la Iglesia Menonita de Columbus (Ohio) desde octubre del 2017 y el pasado 2 de julio recibió una notificación de la multa por parte de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La abogada de inmigración Lizbeth Mateo, quien representa a Espinal, explicó que ICE dio un plazo de treinta días, que vence la semana próxima, para que pague la multa.
“Definitivamente no vamos a pagar, no tenemos esos recursos y en este momento necesitamos un apoyo real, acciones que detengan estos ataques”, advirtió Mateo.
Mateo dijo que apelarán la costosa multa en la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), pero que esto no garantiza que se pueda evitar el pago.
Con información de Agencia EFE
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