El Procurador de los Derechos Humanos PDH), Jordán Rodas, insistió hoy en la Corte de Constitucionalidad (CC) en que la acción del presidente Jimmy Morales de decretar de forma unilateral el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) “arbitraria e ilegal”.
PDH pide sentencia a favor de amparo
Durante su intervención en la vista pública llevada a cabo hoy relacionada con la finalización de mandato de la Comisión, el magistrado de conciencia pidió a los magistrados de la CC que se emitan una sentencia a favor del amparo que presentó y que quede sin efecto el Acuerdo Gubernativo 2-2019, mediante el cual se clausura la Cicig.
A la CC acudieron el Procurador una delegada de la Cicig, para presentar sus argumentos en relación a un amparo presentado por Rodas contra el Presidente por su decisión de dar por finalizado el acuerdo de la comisión internacional, previó a que la alta corte dictamine en definitiva.
En la vista pública no hubo ningún representante del Gobierno. En su intervención, Rodas dijo que están pendientes unas ejecutorias por el tema.
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El @PDHgt @JordanRodas, quien interpuso el amparo por la no renovación del mandato de CICIG, dice que la decisión del presidente @jimmymoralesgt fue un acto arbitrario e ilegal. Vía: @HMontenegro_EU pic.twitter.com/kVILns4D1J— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 15, 2019
El Presidente viola la Constitución
Jennifer Maria Inés Bravo Flores, de la Cicig, expresó que el actuar del mandatario no solamente viola la Constitución, sino también la Convención de Viena, y aseguró que todas las diferencias se deben negociar entre ambas partes.
Agregó que, pese a que se ha emitido un amparo provisional por este tema, el Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y la canciller Sandra Jovel hicieron caso omiso del mismo, lo cual ha ocurrido con otros amparos.
Pidió a la CC que se permita continuar con las negociaciones entre el Gobierno y las Naciones Unidas para determinar si se renueva el mandato.
En enero pasado, el presidente Morales anunció que se daba por finalizado el acuerdo de la Cicig y, en febrero, la CC otorgó el amparo provisional al Magistrado de Conciencia que dejó en suspenso el acuerdo mediante el cual se establecía la decisión presidencial.
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