La Procuraduría General de la Nación (PGN) pidió al Tribunal Octavo de Sentencia que el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y las otras 17 personas condenadas en caso Patrullas fase ll, paguen de manera fraccionada Q50 millones en reparación digna al Estado.
El 17 de mayo pasado, ese tribunal decidió condenar al exministro de Interior del Gobierno de Otto Pérez Molina, por estar implicado en la sustracción de fondos de la Policía Nacional Civil (PNC).
En el marco de la causa conocida como caso Patrullas fase II, la judicatura entendió que había suficientes pruebas para declarar a las 18 personas culpables de diferentes delitos, como el exministro López Bonilla, quien fue sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión, además de una multa de unos US $9 mil, por los delitos de fraude y peculado por uso.
López Bonilla es condenado a 13 años y 9 meses por el caso ‘Patrullas’.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 17, 2019
Estructura defraudó finanzas de la PNC
Por este caso, el 18 de febrero del presente año el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal emitió condenas entre 6 y 26 años de prisión contra 12 personas, entre ellas el exsubdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la PNC, Héctor Florentino Rodríguez Heredia, además de exjefes, exasesores y particulares.
Todos estaban acusados de integrar una estructura criminal que defraudó el presupuesto de la institución policial.
Tras conocer que deberá enfrentar una segunda condena por actos de corrupción, el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que sigue siendo inocente hasta que la sentencia quede firme.
Vía: @alexvaldez_eu
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 17 de mayo de 2019
Esta organización, según el fallo, operó dentro de la Policía para desviar los fondos aparentando invertirlos en adquisición de bienes y servicios, particularmente para auto patrullas (reparaciones mecánicas); contratación de obras y servicios para estaciones policiales o la adjudicación de un evento de cotización de repuestos para patrullas por más de Q12 millones, adjudicado de forma fraudulenta.
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Las investigaciones determinaron que para evitar publicar los concursos de licitación para la compra de bienes y prestación de servicios, entre 2012 y 2014, los exfuncionarios realizaron compras directas con empresas que fueron utilizadas para sustraer los fondos.
Con información de Alexander Valdez.
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