La vicepresidenta del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, María Clara Galvis, advierte que el tiempo es “crucial” para hallar a los migrantes desaparecidos y por ello hace un llamamiento a los países de todo el mundo a actuar con celeridad y coordinación.
“En muchos Estados, las autoridades tienden a esperar horas, dicen 24 horas, 36 horas o 72 horas para empezar a buscar a una persona que se reporta como desaparecida, y resulta que esas horas son cruciales para encontrar a la persona”, asegura esta experta colombiana en una entrevista con Efe.
Consciente del drama de los migrantes desaparecidos, miles de personas en todo el mundo que pueden ser víctimas de trata, trabajos forzados o esclavitud, Galvis recuerda que recientemente el Comité publicó unos principios para hacer esta búsqueda y que están basados en el respeto a la dignidad humana, la cooperación entre Estados o la necesidad de una estrategia integral.
Guatemala crea con apoyo de EE.UU. Unidad contra el Tráfico de Migrantes
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En ese documento se hace además especial mención a los migrantes, que enfrentan una mayor vulnerabilidad a la hora de cruzar fronteras legal o ilegalmente, especialmente los niños no acompañados, y pide a los países adecuar los mecanismos de búsqueda a las dificultades de las situaciones migratorias con el pleno respeto a las normas internacionales sobre no-devolución.
“En este contexto de la migración, la coordinación entre las autoridades y la reacción y la búsqueda inmediata son cruciales si es que se quieren aumentar las posibilidades de encontrar a las personas desaparecidas”, proclama la docente e investigadora del Área de Derecho Internacional del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.
Pero hay otro factor que influye de forma determinante en este proceso: la participación de los familiares y los allegados de las víctimas. Y en este sentido Galvis certifica que es imprescindible tener un “pleno contacto con las familias”, que son quienes tienen información “de primera mano” de lo que ha pasado con sus seres queridos.
El titular de la PDH, Jordán Rodas, le preocupa que "no ha habido una acción concreta del Estado guatemalteco" para clarificar la muerte de niños migrantes en la frontera con EEUU. Hace un llamado para que la Cancillería apoye a la familia del niño fallecido el martes. pic.twitter.com/3wuCY1z4Yf
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“En muchos casos, no necesariamente de mala fe si no por inercias de funcionamiento de las burocracias, empiezan a actuar sin tener en cuenta todas estas esferas, sin contar con la información crucial que tiene los familiares, sin la información precisa y sin los recursos adecuados”, evoca al admitir que muchas veces no se les tiene en cuenta.
Y ello a pesar de que “sí” hay un vínculo entre la desaparición forzada y la migración en la medida en la que las personas están “en un estado de vulnerabilidad” mientras cruzan países, una travesía que comporta ese riesgo u otros, como ser captadas por organizaciones del crimen organizado que “muchas veces las desaparecen” o que las pueden someter a esclavitud o trabajos forzados.
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“La desaparición se mira desde la perspectiva de sus familias, que no saben qué ocurrió con sus seres queridos, que no saben qué pasó con ellos. Entonces desde la perspectiva de sus familias por supuesto que están desaparecidos porque no se sabe cuál ha sido su suerte”, incide.
Y es en este ámbito donde trabaja el Comité del que es vicepresidente la profesora Galvis, que ha publicado artículos e investigaciones sobre derecho internacional de los derechos humanos, justicia transicional, desaparición forzada o derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.
Unas de las funciones del Comité, creado en el año 2011, es la supervisión de la situación general del cumplimiento de la convención internacional para la desaparición forzada de personas en los Estados que la han ratificado, y en ese sentido los últimos países analizados en la región fueron México y Honduras.
Se desarrolla el acto de inauguración de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y firma de memorando de entendimiento entre las Fiscalías que conforman el Triángulo Norte relacionado con el combate a ese delito.
Vía: Daniel Tzoc. pic.twitter.com/ugb4HeC0mr
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“Esos son casos recientes de supervisión de cómo están los Estados cumpliendo con sus obligaciones adquiridas con la ratificación de esa convención”, afirma, y añade que en ese análisis se llamó la atención a cooperar entre sí y prestar especial atención a la vulnerabilidad de estos grupos.
Y es que el Comité puede recibir lo que se conoce como “acciones urgentes”, un mecanismo que está a disposición de los ciudadanos para poner en su conocimiento que una persona ha desaparecido y que este se dirija al Estado “para ordenarle que tome medidas orientas para buscar y localizar a esas personas”.
La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, señala que estas se producen siempre que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento”.
Y para lograr su pleno cumplimiento, Galvis fue una de las expertas que asistió a una reunión del Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad colonial de Antigua, Guatemala, un evento en el que se han empezado a delinear los puntos de un plan mundial que busca prevenir la desaparición forzada, hallar a los desaparecidos y poner nombre a los sin nombre.
Con información de Efe.
