Amnistía Internacional (AI) exhortó este martes a los candidatos presidenciales de Guatemala a respetar los derechos humanos y comprometerse públicamente a tomar acciones en favor de ellos y de quienes los defienden en el caso de llegar al poder.
En una carta pública dirigida a los aspirantes a la primera magistratura del país en las elecciones generales del próximo 16 de junio, hecha pública este martes y firmada por la directora general de la entidad para las Américas, Erika Guevara, les recuerdan que es “fundamental y necesario” que los planes de Gobierno tengan los derechos humanos como prioridad.
Es por ello que Amnistía Internacional, que recuerda los avances “inimaginables” logrados en la lucha contra la impunidad durante los últimos años, mostró su preocupación por las “denuncias de ataques” contra operadores de Justicia y “amenazas a la independencia judicial”.
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“Esta situación pone en riesgo la consolidación de un sistema de justicia eficaz que garantice los derechos de las víctimas. Es deber de las autoridades garantizar que las violaciones de derechos humanos no queden en la impunidad”, apuntó Guevara.
Por ello, instó a los candidatos a reiterar su compromiso en la lucha contra la corrupción, la promoción de una investigación independiente de los crímenes cometidos durante el conflicto interno o el rechazo de amnistías, como la que se intenta aprobar en el Congreso.
Protección a activistas
Guevara también solicitó un “entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos” y de los activistas, que siguen realizando su trabajo en un “entorno hostil y peligroso” y que “con frecuencia son objetos de campañas de estigmatización y difamación”, de amenazas e incluso de homicidios por su labor.
Otro de los puntos que toca AI en esta carta abierta a los aspirantes a la Presidencia es la violencia de género, contra la que pide medidas efectivas para su prevención, o la violencia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), que “persiste” y que las convierte “frecuentemente en blanco de actos de discriminación y de ataques” por su orientación sexual o su identidad de género.
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Amnistía Internacional también hace mención a la pena de muerte, uno de los puntos habituales en esta campaña electoral y una de las promesas de varios candidatos, que aseguran que volverán a restablecerla después de que la Corte de Constitucional ordenara su suspensión en 2017 para los delitos comunes.
A pesar de este paso “importante” para garantizar los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, AI recomendó abolir este castigo para todos los delitos.
“El respeto, promoción, protección y efectivo disfrute de los derechos humanos de todas las personas es la piedra angular sobre la que se sustenta el estado de derecho”, aseguró la organización en su carta, e insistió en que cada candidato debe demostrar “claramente su compromiso “con la creación y consolidación de una sociedad más justa, libre e igualitaria”.
Las elecciones
A los comicios generales de junio están convocados más de ocho millones de guatemaltecos que están registrados en el padrón electoral y ellos deben elegir a presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamentos Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2020-2024.
Más de una veintena de candidatos se disputarán la primera magistratura del país, aunque todavía hay varias resoluciones judiciales que mantienen en vilo la participación de algunos de ellos, como la de la exfiscal Thelma Aldana o la de Zury Ríos, la hija del exdictador José Efraín Ríos Montt, fallecido en abril de 2018.
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Las elecciones de junio serán las novenas de la era democrática que se instauró en Guatemala en 1986 con la llegada al poder del democratacristiano Vinicio Cerezo tras varias décadas de regímenes militares que se sucedieron en el poder mediante golpes de Estado y fraudes electorales.
Desde entonces, siete civiles han estado en el poder, pero en 2012 llegó a la Presidencia el general retirado Otto Pérez Molina, quien renunció en el 2015 tras ser denunciado por corrupción y en la actualidad está preso y procesado junto a quien fuera su vicepresidenta.
