El supervisor retirado de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Jan Shedd, asegura que, a su criterio, la situación de Mario Estrada no se resolverá de manera pronta.
El experto dijo en entrevista con Emisoras Unidas que ni Estrada, ni Juan Pablo González Mayorga saldrán bajo fianza.
“El gobierno los considerará como un alto riesgo si los suelta, porque no son ciudadanos estadounidenses”, asegura.
Shedd ha participado en númerosos arrestos de políticos extranjeros. Consiera que un caso como el de Estrada no es nada nuevo y para Estados Unidos, a su criterio, se trata de “otro narcotraficante más”.
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El posible panorama
El entrevistado señala que hay un plazo de 10 días para que se presente la acusación formal contra Estrada. A menos que haya un acuerdo entre defensa y fiscales para extender dicho plazo.
La resolución del caso puede tardar muchos meses y esto no será antes de las elecciones, según asegura Shedd.
“Mi experiencia me dicta a mi que este candidato presidencial no va a regresar para continuar su candidatura”, dice.
Incluso, a partir de ahora el gobierno de EE.UU. tiene el derecho de pedir que se compruebe de donde proviene el dinero para el pago de abogados.
El juicio, podría durar 9 meses o más según la experiencia del entrevistado.
Parecido a una película
A decir de Shedd, el caso surge por la posibilidad de que Estrada haya intentado contactar a alguien del Cartel de Sinaloa.
“La idea de que un candidato presidencial quería tanto la presidencia, con tanta ambición, que estaba dispuesto a hacer negocios con un cartel es increíble”, asegura.
Cabe la posibilidad de que ni siquiera hay tenido un contacto directo con el Cartel de Sinaloa sino únicamente con agentes de la DEA.
Cuando leyó los documentos del caso, según el entrevistado, parecía estar leyendo algo acerca de una película y no una realidad.
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La posible sentencia
Shadd señala que hay dos vías por las cuales se pude abordar el caso de Mario Estrada.
Uno, que se declare culpable y admita las acusaciones. Con ello se puede llegar a un arreglo donde formalmente haya una reducción en las acusaciones. La otra opción es ir a un juicio que podría terminar en cárcel de 20 años o más.
De admitir que son ciertas las acusaciones en su contra, y si hay otros involucrados la investigación podría ampliarse.
“Si ellos cooperan se reduce su tiempo en la cárcel”, asegura.
Por último señala que hubo cooperación de autoridades de Guatemala para las capturas. De lo contrario no ve otra forma en que fueran posibles.
La forma como se hizo la investigación y otros detalles se conocerán en el juicio contra los dos capturados.
