Hilarión López Osorio, querellante del primer caso por desaparición forzada que se juzgó en Guatemala y por el que se obtuvo una sentencia condenatoria, falleció el jueves.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALD) lamentó su deceso y aseguró que la lucha emprendida por López Osorio está “amenazada” por las “estructuras de impunidad” y reiteraron su rechazo a una iniciativa de ley que busca otorgar una amnistía a los culpables de graves crímenes de guerra.
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En el 2003, López Osorio emprendió el camino de justicia por la desaparición forzada de su hijo y en el 2009, después de seis años de “retrasos maliciosos”, se condenó a 150 años de prisión por desaparición forzada a un excomisionado militar.
Este caso, recordó el Centro, supuso una resolución “histórica” en la Corte de Constitucionalidad en la que se reconoció “el carácter continuado de este delito de lesa humanidad y por tanto la importancia de su juzgamiento”.
La condena por desaparición forzada
La condena a 150 años de prisión emitida por un tribunal en contra del militar retirado Felipe Cusanero, por la desaparición de seis indígenas durante la guerra interna, abrió las esperanzas de Justicia en los familiares de las 45 mil personas que aún permanecen desaparecidas.
El presidente del Congreso Álvaro Arzú únicamente recibió la carta de una de las representantes de las víctimas de Sepur Zarco, quienes solicitaban audiencia para pedir a los diputados que reconsideren reformar la #EULeyDeReconciliación #EUCongreso
Vía: @FcoPerez_EU pic.twitter.com/FsYqvzIA7f— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 18 de febrero de 2019
Tras analizar los más de 2 mil 500 folios que contenían las pruebas presentadas por la Fiscalía del Distrito de Chimaltenango, y luego de escuchar a más de una veintena de testigos de cargo, los miembros del tribunal hallaron culpable a Cusanero de la desaparición forzada de seis indígenas ejecutada por miembros del Ejército guatemalteco en los años ochenta.
Se trata de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena Chajchaguin, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajtí, quienes fueron secuestrados por un grupo de militares entre noviembre de 1982 y octubre de 1984, en la aldea Choatalum, del departamento de Chimaltenango.
“La lucha de Don Hilarión por la justicia abrió caminos en nuestro país, caminos de esperanza y de garantías de no repetición. Hoy, ante su deceso, manifestamos nuestro profundo agradecimiento a su lucha, honramos su legado y su memoria y reconocemos que se perseverancia por alcanzar justicia es un ejemplo que nos permite seguir caminando”, aseguró el Centro.
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Asimismo, concluyó su comunicado con una frase de la primera sentencia por desaparición forzada en Guatemala, emitida el 31 de agosto de 2009: “El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable”.
Por su parte, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) mostró su pesar por la partida de un “gran abuelo de lucha” y “ejemplo de esperanza” y aseguró que su perseverancia “mantendrá vivo nuestra lucha por la justicia”.
