Los congresistas y senadores demócratas de Estados Unidos, la guatemalteca Norma J. Torres y James P. McGovern; así como los senadores Ben Cardin y Patrick Leahy, firmaron la iniciativa de un proyecto de ley para sancionar a funcionarios guatemaltecos que desobedezcan las resoluciones de las cortes nacionales. Eso incluye a los involucrados en corrupción y a quienes hagan mal uso de donaciones.
Lo anterior, luego de que tres diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia manifestaron a funcionarios de EE.UU. su preocupación por el uso que se ha dado a los vehículos artillados J8 que fueron entregados para patrullas contra el narcotráfico y la vigilancia fronteriza, pero que fueron utilizados en recorridos frente a la Embajada de EE.UU. en Guatemala y de la Cicig, en enero.
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¿Los jueces sobre el poder público?
Para platicar de esta situación el programa A Primera Hora invitó al abogado Stuardo Ralón, y al exasesor de Ministerio Público (MP), Javier Monterroso.
Ambos coinciden en que es la propuesta de los congresistas está pendiente de discusión y podría ser peligrosa si se aprueba, porque tiende a convertir al sistema de justicia en uno de control sobre los órganos de poder del Estado, fijados en la Constitución de la República de Guatemala.
#EUJusticia
Stuardo Ralón:
“La nota dice que es un complemento a la ley Magnitsky, por lo cual abarcaría también a los que no son funcionarios” pic.twitter.com/kkage4kbav— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 8 de marzo de 2019
Para Stuardo Ralón, es importante reconocer que Guatemala tiene “uno de los peores sistemas para la elección de jueces y magistrados”, y que será peligroso, a ciegas, tratar de no acatar los fallos de las cortes.
Sin embargo aclara: “Nuestro diseño constitucional es República, no gobierno de jueces… No es poder de jueces sobre los demás poderes”. Y agrega: “Es probable que pase el año 2019 y la iniciativa de los congresistas no sea aprobada.
#EUJusticia
Javier Monterroso:
"A Estados Unidos no le ha de gustar ver al candidato presidencial del FCN, Estuardo Galdámez sentado junto a Arnoldo Vargas, en una especie de visita a las instituciones del Adolfo V. Hall. Eso tiene consecuencias". pic.twitter.com/G1k9yYtHTl— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 8, 2019
Javier Monterroso sugiere que se trata de una iniciativa que representa la continuidad de la política norteamericana porque Guatemala no está apoyando la lucha contra la corrupción y la impunidad que están incrustadas en el Estado. Incluso, propone sanciones para empresarios y para quienes no son funcionarios públicos.
“EE.UU. está apostando por otra forma de ayuda. Pero si no nos gusta cómo funciona la ONU (con la Cicig), menos nos va a gustar como funciona EE.UU. Quienes ven en eso como una alternativa para no enfrentar a Cicig, se van a dar cuenta que EE.UU. tiene menos escrúpulos para procesar”, advierte el invitado.
Elvin Díaz director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, dice que la propuesta de sancionar en EEUU a guatemaltecos que desobedezcan a las cortes, es preocupación del congreso de EEUU y la comunidad internacional por la realidad del país. Vía: Manuel García pic.twitter.com/mk9wTxDWFG
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 8, 2019
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