La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la posibilidad de que el Congreso de la República de Guatemala apruebe una enmienda a la Ley sobre Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que limitaría la labor de los defensores de derechos humanos y de la sociedad civil en general.
De acuerdo con la publicación de la Alta Comisionada, el proyecto de Ley incrementa los requisitos y controles administrativos a las ONG nacionales e internacionales, que en la práctica podrían usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar la labor de las entidades de la sociedad civil, indica el comunicado.
“Lamento que el Congreso haya seguido adelante con el procedimiento de aprobación de esta enmienda, a pesar de las incongruencias que presenta con respecto a la normativa internacional de derechos humanos, del apoyo ofrecido por mi Oficina y de las graves preocupaciones que han manifestado numerosos expertos independientes de las Naciones Unidas y de la sociedad civil”, declaró la Alta Comisionada en un comunicado.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación ante posible aprobación de enmienda a ley que limitaría a las ONG en Guatemala. pic.twitter.com/t5eBVuvt6b
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 6, 2019
La iniciativa de ley limita su alcance y podría menoscabar los derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión.
Las ONG tendrían que pasar por un complejo procedimiento de inscripción ante diversas instituciones estatales, pero en la iniciativa de ley no se especifican los criterios para conceder, rechazar o revocar dichos permisos, indicó Bachelet.
Además de la iniciativa de ley contempla limitaciones a la financiación procedente del exterior, “si la reforma se aprueba, todas las ONG inscritas en Guatemala o que operan en el país estarían obligadas a actualizar su información y a cumplir con todos los nuevos requisitos en un plazo máximo de seis meses”.
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Las ONG que no cumplan con dichos requisitos causarían baja automática en el registro y tendrían que cesar sus operaciones.
“Las restricciones que estas reformas entrañan contravienen la obligación del Estado de proteger y garantizar el espacio democrático para la sociedad civil, un pilar esencial para la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”, afirmó Bachelet en el comunicado.
La Alta Comisionada recordó a las autoridades guatemaltecas que la sociedad civil es un elemento esencial para la protección y promoción de los derechos humanos.
