La comunidad de campesinos desalojados de Laguna Larga, ubicada en la frontera entre Guatemala y México, denunció este viernes la inanición del Estado guatemalteco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en septiembre de 2017.
Durante una audiencia celebrada Bolivia, durante el 171 período ordinario de sesiones de la CIDH, el representante de estos campesinos, Edgar Pérez, aseguró que están viviendo una “situación verdaderamente de crisis humanitaria“ y que siguen “peor“, pues no tienen salud ni educación ni nutrición ni agua ni vivienda.
Afectados señalan incumplimiento del estado
Con unas fotografías de la situación de los campesinos, que desde hace un año y nueves meses se encuentran viviendo en tenderetes improvisados con hojas de palma, madera y láminas, el representante, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, dijo que la solución es el “retorno provisional“ por “circunstancias humanitarias“.
Por su parte, el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), Jorge Luis Borrayo, quien actuó en representación de Guatemala, hizo una enumeración de la actuaciones realizadas por el Estado para cumplir con esas medidas y de las disposiciones que se van a implementar en los primeros seis meses de este año.
Representante de Guatemala dice que el retorno depende de la Justicia
En este sentido, aseguró que están interesados en resolver esta situación que les preocupa “mucho“ y a la que han contribuido entregando asistencia humanitaria, alimenticia y nutricional, además de medicinas y otros servicios de salud, aunque denunció que México les ha impuesto limitaciones para poder hacer llegar estos víveres.
El representante del Estado, quien apuntó que el retorno depende de la Justicia y no de ellos, también anunció que hay una orden Presidencial para la reubicación de las familias en una finca del departamento de Petén, para la que se deben iniciar la tramitación de compra.
Ejército convierte en destacamento una escuela
Después de la intervención de las dos partes, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los Derechos de los Migrantes, lamentó que los niños estén a 40 grados a la sombra bajo unas carpas de plástico mientras que elementos del Ejército han ocupado la que era la escuela y la han convertido en un destacamento.
“Yo sí quisiera que realmente el Estado hiciera una presencia muchísimo más efectiva (…). Ir y llevar cosas no suple para nada las carencias que tienen esas personas“, proclamó, y agregó que tiene la “sensación“ de que la excusa de México es una “disculpa“, por lo que pidió un enfoque “diferencial“ para los afectados.
Piden atender la crisis humanitaria
En esta misma línea se pronunció la comisionada Soledad García Muñoz, abogada feminista hispano-argentina especialista en Derechos Humanos, quien dijo que esta situación “no admite ninguna demora más“ porque los pobladores “no pueden depender de que alguien les dé comer cada 4 o 5 meses“.
La presidenta de la CIDH y relatora de Guatemala, Esmeralda Arosemena de Troitiño, indicó que la vida de estos niños “no es tolerable“ y que es necesario atender esta “crisis humanitaria“.
El desalojo de junio de 2017
“Esto no puede ser. A estos niños hay que atenderlos hoy“, enfatizó sobre esta población, desalojada en junio de 2017 y compuesta por unas 111 familias (más de 490 personas) que están en situación de vulnerabilidad.
Los campesinos aseguran que comenzaron a poblar la zona a mediados de los años 80, antes de que entrara en vigor la Ley de Áreas Protegidas, aunque reconocen que no fue hasta principios de 2000 cuando llegaron a constituirse como una comunidad que, con el paso del tiempo, llegó a contar con escuela reconocida por el Ministerio de Educación, delimitación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y un cementerio público.
Los campesinos huyeron del sitio, donde cada familia contaba con cultivos de pepitoria, frijol, maíz y otros frutos, la noche del 2 de junio de 2017 cuando supieron que unos 1.400 policías se dirigían hacia la comunidad a desalojarlos.
El desplazamiento a raíz de concesión de la zona a petrolera canadiense
La organización mexicana Voces Mesoamericanas advierte en su estudio “Des–esperando en la frontera: Informe de la situación de la comunidad Laguna Larga a 6 meses de su desplazamiento forzado“, que el desplazamiento de los campesinos se debe a que la zona fue dada en concesión a una petrolera canadiense.
Además, Guatemala reclama bonos de carbono por contar con mayor extensión de terreno en la zona protegida sin habitantes, un millonario proyecto que busca recuperar el llamado Triángulo de Candelaria, donde está Laguna Larga.
Con información de EFE Edición: Sergio Méndez
