Con la discusión en el pleno del Congreso de una iniciativa que busca la amnistía de los crímenes cometidos en el conflicto armado, Guatemala camina hacia el olvido.
El boicot a la memoria es la apuesta de un grupo de diputados conservadores encabezados por Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, abogado de uno de los militares más prominentes del Ejército guatemalteco, el general Luis Francisco Ortega Menaldo, exjefe del extinto Estado Mayor Presidencial (1991-1993).
La iniciativa 5377, que había sido descartada por la Comisión de Derechos Humanos y que fue rescatada por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, fue presentada por Linares Bentranena en noviembre de 2017 y aprobada en su primera lectura el pasado 17 de enero.
Su avance pondría en predicamento los 16 casos de violaciones a derechos humanos que el Ministerio Público (Fiscalía) ha llevado a tribunales, incluido el genocidio, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, de los cuales 13 han alcanzado condenas, con 42 militares y un insurgente sentenciados.
Delitos cometidos por la guerrilla
Aunque Linares Beltranena lo ve distinto. Cuando presentó la enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional señaló que había habido unos “63.000 delitos cometidos por la guerrilla y solo una persona está detenida”, mientras que 72 oficiales, especialistas y soldados están en la cárcel”.
Si el Congreso presiona por el olvido, las víctimas de la guerra buscan caminar al revés para poder recordar, como escribió en su oportunidad el poeta maya k’iche’ Humberto Ak’abal, quien falleció este martes por la noche por complicaciones tras una cirugía intestinal.
Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos o el Comité de Unidad Campesina ven esta iniciativa una acción más del llamado “pacto de corruptos”, que pretende “dejar en la impunidad actos del presente y del pasado”.
La Fundación de la premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú, también calificó la propuesta como “una bofetada para el pueblo de Guatemala y las víctimas del conflicto armado”, quienes “han confiado en el sistema de justicia para esclarecer y castigar a los responsables de los más horrendos crímenes contra la humanidad”.
Además, advirtió que “no hay otro camino que nos lleve a la paz firme y duradera sino es por la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad”.
Guatemala, ejemplo para el mundo
Por su parte, la activista indígena y directora de la Coordinadora de Viudas, Rosalina Tuyuc, recordó que Guatemala “debe respetar esta responsabilidad internacional que ha tomado ante el concierto de naciones” al haber “demostrado” ser “un gran ejemplo para el mundo” por haber juzgado en sus propias cortes delitos de lesa humanidad y genocidio ocurridos entre 1960 y 1996.
La decisión del Congreso de aprobar en primera lectura la amnistía también provocó que la expresidenta chilena y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, subrayara que, de avanzar la reforma, ésta “representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia y para el Estado de derecho en Guatemala”.
Pero Linares Beltranena advirtió a Acan-Efe que Guatemala ha sido ejemplo al mundo de “violaciones a garantías fundamentales de derechos humanos” al juzgar los crímenes de guerra.
Persecución sesgada
El diputado conservador argumentó que ha habido una “persecución sesgada” y que hubo modificaciones al Código Penal que se aplicaron “retroactivamente a hechos que supuestamente ocurrieron durante el conflicto armado”, en lugar de que se “anularan de pleno derecho las persecuciones penales”.
También lamentó que a los militares no se les hubiese juzgado en tribunales castrenses, sino que fueron procesados y condenados en la justicia penal.
La amnistía, subrayó, significaría “el fin a la polarización”, pues con la firma de los Acuerdos de Paz que en diciembre de 1996, que pusieron fin a 36 años de conflicto armado, “ya hubo una reconciliación nacional”.
Familiares y víctimas de la guerra también han criticado el carácter retroactivo de la enmienda, lo que permitiría que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos -entre ellas desapariciones forzadas, masacres, violencia sexual y tortura- fueran puestas en libertad en 24 horas.
Una libertad que atenta contra más de 250.000 víctimas -entre muertos y desaparecidos, además de más de un millón de desplazados internos- en el conflicto armado que desangró Guatemala entre 1960 y 1996 con crímenes que, según la comisión de la verdad, son en un 93 por ciento atribuidos al Ejército y grupos paramilitares, un 3 por ciento a la guerrilla y el restante indefinido.
Con información de Emiliano Castro Sáenz
