Organizaciones y colectivos sociales que integran la Convergencia por los Derechos Humanos enviaron una carta abierta a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, para que “a la mayor brevedad se inicien las acciones de investigación y persecución penal en contra de los funcionarios (…)” que hayan incurrido en el delito de desobediencia, al referirse de las acciones contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pese a resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).
En el enunciado estas entidades se refirieron a las acciones impulsadas por el “Presidente y Vicepresidente de la República, mismas que fueron ejecutadas por el Ministro de Gobernación, Ministra de Relaciones Exteriores y el Procurador General de la Nación”.
“La negativa abierta de los funcionarios a acatar las mismas es una acción constitutiva del delito de desobediencia a las órdenes del máximo tribunal constitucional. Esta abierta confrontación del gobierno de Jimmy Morales, y la flagrante desobediencia a las resoluciones dictadas por el órgano constitucional, ponen en grave riesgo el Estado de Derecho, como ciudadanos en base al Artículo 135 inciso b, de la Constitución Política de la República, tenemos el derecho y el deber de exigirle que cumpla con la Constitución y por ende con el principio de legalidad”, se añadió en esta carta.
Investigaciones
Además, dichas entidades mencionaron: “A nuestro entender y criterio, este delito (desobediencia) se viene cometiendo en una serie de acciones (todas públicas) desde octubre de 2017 hasta la presente fecha. Cabe señalar que varias organizaciones y personas en particular han presentado denuncias ante estos hechos graves. Asimismo, le recordamos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- continúa con sus labores de hecho, tal y como ha quedado resuelto por la Corte de Constitucionalidad”.
Por último, indicaron que la fiscal general Consuelo Porras “en sus manos se encuentra la posibilidad de defender el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y Libertados Fundamentales de la población guatemalteca, ante la arbitrariedad, abuso de poder y desobediencia que el Organismo Ejecutivo ha estado impulsando, por lo que le reiteramos que actúe en consecuencia e inicie las acciones de investigación y persecución penal correspondientes”.
