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The chief of the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG), Colombian Ivan Velasquez is seen after holding a private meeting with Guatemalan President Otto Perez Molina (out of frame), at the presidential palace in Guatemala City on May 21, 2015. Guatemala's embattled President Otto Perez fired three ministers and his spy chief Thursday, seeking to get a grip on a deepening corruption scandal that already claimed his vice president. Perez has faced large protests calling for his resignation since a UN-backed investigation uncovered a customs bribery ring implicating a wide array of high-ranking officials. AFP PHOTO / JOHAN ORDONEZ / AFP PHOTO / JOHAN ORDONEZ

Comisionado Velásquez se pronuncia por señalamientos del Ejecutivo

El Comisionado Iván Velásquez envió una carta al Secretario General de la ONU, para explicar las recientes alegaciones del Gobierno de Guatemala.

El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez envió una carta al Secretario General de la ONU, António Guterres, para explicar las recientes alegaciones de representantes del Gobierno de Guatemala, sobre supuesta injerencia en asuntos internos, el supuesto allanamiento ilegal a Casa Presidencial, el abuso de prisión preventiva entre otros temas.

Velásquez agradeció a Guterres su apoyo a la labor de la CICIG y recordó que la Comisión ha apoyado más de 100 casos ante tribunales, ha identificado más de 60 estructuras criminales y ha obtenido más de 300 sentencias condenatorias y ha promovido más de 34 reformas legales.

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Ante el trabajo de la CICIG que involucra a sectores políticos y económicos de alto poder, se incrementaron las campañas de desprestigio, difamación y amenaza, ya que se niegan a perder sus privilegios que obtuvieron de manera ilegítima, señala el comisionado en la misiva enviada al Secretario General.

Supuesta injerencia en asuntos internos
Ante los señalamientos que la CICIG se ha inmiscuido en asuntos internos para promover reformas constitucionales, Velásquez recordó que el Acuerdo constitutivo de CICIG incluye en sus competencias la promoción de reformas jurídicas e institucionales que prevengan la acción y reaparición de los CIACS.

También indicó que a petición y bajo el auspicio de los tres poderes de Estado de la República de Guatemala, en el año 2016 se inició un proceso participativo para la elaboración de una propuesta para la reforma del sector justicia.

“Lamentablemente la falta de voluntad política ha frenado la aprobación de unas reformas que son fundamentales para el fortalecimiento del sector justicia y la consolidación de los logros alcanzados en la lucha contra la corrupción”, escribió.

Sobre supuesto allanamiento ilegal
Ante los señalamientos de que CICIG realizó un allanamiento ilegal en las oficinas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) en 2016 y constituyó un atentado a la seguridad nacional, el comisionado indicó que de acuerdo a la legislación de Guatemala, los allanamientos son solicitados por el Ministerio Público y autorizados por un juez, y CICIG acompaña en algunos casos en su rol de apoyo técnico, en algunas ocasiones con dos personas: un asesor técnico y un observador.

El mismo presidente Jimmy Morales y su vocero, Heinz Hiemann, aseguraron que no hubo allanamiento alguno en Casa Presidencial y señalaron que el MP confundió las direcciones de las diligencias, escribió Velásquez.

Prisión preventiva
Ante los señalamientos de que CICIG abusa de la prisión preventiva, el comisionado explicó que la prisión preventiva es dictada por el juez competente.

En la actualidad, menos del 40 por ciento de las personas ligadas a proceso en casos adelantados por CICIG están en prisión preventiva. La media nacional de prisión preventiva para otros delitos es muy superior, comparó.

Las personas privadas de libertad relacionadas con CICIG son menos del 1.1 por ciento del total de la población carcelaria.

Sobre la presunción de inocencia:

Ante los señalamientos de que en las conferencias de prensa realizadas conjuntamente por el MP se viola la presunción de inocencia, señaló que el MP tradicionalmente ha realizado ruedas de prensa sobre casos considerados de interés público.

El objetivo de dichas conferencias es informar a la ciudadanía de primera fuente y de manera fehaciente.

El ejercicio tiene como objetivo mostrar el funcionamiento, alcance e impacto de las CIACS en el país; así como evitar especulaciones y manipulación de la información antes de la primera audiencia, refiriéndose a los individuos como sindicados o imputados, nunca como culpables.

Incidente “Zimeri”

En junio de 2017, fuera de horario laboral personal de la CICIG y el joven de apellido Zimeri resultaron heridos tras una agresión durante un partido de fútbol.

Zimeri denunció por agresión los funcionarios de CICIG, quienes fueron sujetos a un proceso disciplinario.

Durante el proceso disciplinario CICIG solicitó copia del video de seguridad de las instalaciones deportivas como evidencia y el original quedó en poder del MP, por lo cual no hubo tal manipulación de las imágenes, indicó.

El expediente judicial continúa su curso, sin interferencia alguna de CICIG.

Transferencia de capacidades al Ministerio Público
Velásquez indicó que la CICIG ha apoyado la creación de fiscalías especializadas como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad; la Unidad de Métodos Especiales; y la Dirección de Análisis Criminal.

CICIG ha impulsado la implementación de herramientas de persecución penal como: interceptaciones telefónicas, equipos de extracción de información forense, y la figura del colaborador eficaz, entre otros.

Velásquez agradeció a Guterres su apoyo a la labor de la CICIG

CICIG también ha apoyado la formulación de 34 reformas legales que han permitido la mejora de las capacidades de investigación y persecución judicial.

Rendición de cuentas de CICIG
Las autoridades señalan que CICIG no rinde cuentas a nadie; sin embargo, la Comisión se financia a través de contribuciones voluntarias de Estados Miembros de Naciones Unidas a través de un fondo fiduciario manejado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), bajo normas contables y estándares de transparencia usualmente utilizados por Naciones Unidas, indicó.

Las actividades de la Comisión,  son presentadas en un informe anual de actividades.

Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala organizan reuniones anuales con los donantes de CICIG en Nueva York en las que se presentan los resultados.

Control y supervisión

Las autoridades del sistema de justicia son quienes ejercen la jurisdicción y competencia. CICIG es un ente técnico-auxilíar.

Aunque CICIG puede realizar investigaciones independientes, no tiene acción penal, ya que solo la Fiscalía General puede decidir qué investigaciones deben ser judicializadas.

Persecución selectiva y la politización de la justicia

Ante los señalamientos de que la Comisión realiza persecuciones selectivas, el comisionado indicó que no existe evidencia alguna de esta aseveración.

“Los casos apoyados por CICIG desde su creación han afectado a más de 1,000 sindicados o procesados que incluyen: diputados de múltiples partidos políticos, funcionarios de las últimas cinco administraciones conservadores y progresistas, incluidos jefes de gobierno, ministros, alcaldes, jueces, magistrados, miembros del Ejército y de la Policía, representantes del sector privado y particulares”, indica.

Supuesta Violación de la Constitución de Guatemala

Ante la supuesta afirmación de que CICIG irrespeta la Constitución de Guatemala, basado en las declaraciones de un funcionario de la comisión en una audiencia judicial.

El comisionado explicó que el funcionario hizo referencia al artículo 46 de la Constitución guatemalteca que establece:

Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.

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Sobre supuesta injerencia en asuntos electorales

A raíz de la firma de un Convenio de Cooperación Técnica con el Tribunal Supremo Electoral, se ha afirmado que CICIG trata de manipular el proceso electoral y favorecer a candidatos específicos.

El comisionado indicó que la CICIG ha apoyado al órgano electoral en la definición de modelos de fiscalización, instrumentos, protocolos y la implementación de la Unidad Especialidad de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos (UEFPP).

Para poder erradicar la corrupción se debe combatir desde la raíz y ello incluye prevenir que organizaciones criminales y grupos de poder financien la política para posteriormente utilizar la administración pública en beneficio propio.

Sobre la supuesta compra de testigos
El comisionado indicó que las campañas de desprestigio tienen como objetivo intimidar al personal y desprestigiar su labor.

Durante la gestión del Comisionado Velásquez nunca se han ofrecido beneficios económicos o de otro tipo a testigos, indica la carta.

Sobre supuestos actos terroristas de funcionarios de la Comisión

Ante los argumentos del presidente Jimmy Morales, para  la cancelación de visas al personal por estar señaladas de poner bombas en edificios, la CICIG solicitó una aclaración a la Cancillería, pero no respondieron.

Además CICIG compartió con la Cancillería los antecedentes penales de los once funcionarios a los que se les retiraron las visas, para dejar constancia que ninguno tiene antecedentes.

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Caso “Migración”:
Ante las afirmación que CICIG favoreció la persecución política por parte de Rusia de la familia Bitkov.

CICIG señaló que el caso “Migración” fue abierto por la Fiscalía Especial contra la impunidad (FECI) en 2010.

En 2018, el tribunal dictó sentencia en el caso declarando responsables a 39 personas que participaron en la red de falsificación de pasaportes.

Entre los sentenciados se encuentran exfuncionarios de la Dirección General de Migración del Registro Nacional de las Personas, abogados, tramitadores, y usuarios de la estructura criminal, incluyendo a Igor Vladimirovich Bítkov, Irina Viacheslavovna Bitkova y Anastasia Bítkova.

Más detalles ► Los Bitkov entre funcionarios de Estado para respaldar decisión de Jimmy Morales de dar por terminado acuerdo de CICIG

Los jueces guatemaltecos consideraron probado que los Bitkov entraron en Guatemala de forma ilegal con sus pasaportes rusos y, una vez en el país, compraron documentos falsos a miembros de la estructura criminal.

A pesar de las denuncias espurias, ninguna institución del Gobierno de los Estados Unidos encontró indicios o evidencias de vinculación de CICIG con el gobierno ruso.

 

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