¿Y qué pasa si el Organismo Ejecutivo no acata el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que dejó en suspenso el Acuerdo Gubernativo 2-2019, relativo a la finalización unilateral de las operaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)?
Luis Lam Padilla, abogado constitucionalista y asesor externo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Javier Monterroso, exsecretario privado del Ministerio Público (MP), invitados por el programa A Primera Hora, analistas los pro y contras de una acción de esa naturaleza.
#EUCICIG Luis Lam Padilla: “Si persiste la CC en este tema de ilegalidad debe certificar lo conducente, porque al parecer de la Corte podría haber una desobediencia en contra del Presidente”. pic.twitter.com/d5Joj8fxep
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Luis Lam Padilla
¿Y si el Presidente no hace caso a la CC?
La CC, en primer lugar, dice ‘amparo provisional’, deja en suspenso la decisión de dar por terminado el convenio entre el Gobierno de Guatemala Naciones Unidas, relacionado con Cicig, y se exhorta a las autoridades para que cumplan el acuerdo internacional.
Considero una intromisión directa de la CC en una función exclusiva del Presidente. El acuerdo de Cicig es internacional, debe ser sometido a la Convención de Viena que aplica completamente para esta relación jurídica entre el el Gobierno y la ONU.
En el convenio de creación de Cicig se establecen mecanismos de solución entre las partes. La CC decreta en suspenso una decisión del Gobierno, notificada en el extranjero. Veo una confrontación directa entre la normativa de la CC para esta acción y la normativa internacional.
#EUCICIG Luis Lam Padilla: “Simplemente la Comisión se va, el Estado sigue funcionando, las instituciones siguen funcionado. Todavía hay un camino jurídico que recorrer si el gobierno decide no obedecer a la CC”. pic.twitter.com/wOGzriQVl8
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La CC tenía una decisión tomada y utilizó alguna legislación aplicable, sin tomar en cuenta que hay un planteamiento de solución en el ámbito internacional, entre el Gobierno y la ONU.
¿Cómo lo va a tomar el Gobierno? No lo sé. Tiene una decisión complicada, política y legal, porque hay un activismo político judicial desde las cortes, y que muchos de sus fallos han sido eminentemente por decisión política, como ahora. Las cortes deberían resolver estrictamente apegadas a Derecho.
El Gobierno debe analizar las acciones que vaya a tomar. Mi punto de vista es que ONU entiende que debe respetar el derecho internacional público. Creo que la CC también lo entiende.
Habría que ver el “Por tanto” de la resolución. Una exhortación es una invitación a dar cumplimiento a algo. No lo veo como una orden.
#EUCICIG Javier Monterroso: "Si el Presidente decide no acatar la resolución, y aquí es donde tenemos que hacer un llamado a todos los asesores que tenga el Presidente, que por favor tengan un poco de seriedad". pic.twitter.com/yFjPF2avZ8
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Javier Monterroso
En cuanto al personal internacional de Cicig, ya salió del país. Es un protocolo normal de ONU. Aunque la Cicig no es un órgano de la ONU, los funcionarios sí son empleados de ONU y reciben un salario de ONU.
Cuando hay riesgo para los funcionarios de ONU, los protocolos de seguridad se activan. Se retiró a personal internacional, pero hay personal nacional, en cuyo caso se les recomendó no llegar a trabajar ayer por su seguridad.
Puede surgir una crisis institucional si el Ejecutivo no acata la resolución de la CC, la cual exhorta al poder público a cumplir, en el ámbito de sus competencias, para que faciliten las labores de Cicig.
La exhortativa dice cómo debe cumplirse la decisión de la CC. Es un amparo provisional. Suspende el Acuerdo Gubernativo 2-2019, pero exhorta a que se cumpla con el convenio.
#EUCICIG Javier Monterroso: "El gobierno hará todo con tal de que no venga la CICIG. También se debe hablar de la irresponsable actitud que tiene el CACIF al haber acuerpado la decisión del Presidente". pic.twitter.com/dcAxrOoLCE
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Podría haber crisis institucional
Si el Ejecutivo decide no cumplir, cae en una crisis institucional y en antesala a un golpe de estado. El problema es que siempre se ha tenido la idea de que un golpe de estado ocurre cuanto existe un poder fáctico que toma un poder ejecutivo por la fuerza y se hace del poder el Estado.
Sin embargo, un golpe de Estado también puede darse desde el Ejecutivo, desconociendo alguna institución del Estado, como ocurrió con el Serranazo en 1993.
Si el Presidente no acata la orden incurre en delitos penales. Tanto el presidente como los ministros que nos la acaten. Es cierto que la CC es independiente, pero es parte del sistema de justicia.
Abogados constitucionalistas analizan posible actuar del Ejecutivo, tras fallo de CC en el caso #EUCICIGhttps://t.co/k5eejZiuXd pic.twitter.com/pLQIQ6OCXi
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Escuche nuevamente el programa aquí: ▼
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