El jefe de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), Iván Velásquez, dio declaraciones al medio de comunicación de Uruguay, La Diaria, en el cual hizo referencia que “el Estado guatemalteco perdió su norte”.
Velásquez se refirió al presidente Jimmy Morales y las recientes acciones del Gobierno para retirar investigadores de la Comisión, la prohibición de su ingreso al país.
En este punto destacó: “Creo que aquí hay una relación muy directa con los intereses personales del presidente, no está actuando como presidente de la República en defensa de los intereses del país, sino que de sus propios interés”.
Respecto a su retorno a Guatemala, Velásquez destacó no tener miedo y que sería en enero, aunque dijo no tener una fecha exacta.
Entrevista a Iván Velásquez
A continuación le compartimos la entrevista realizada por La Diaria al titular de la CICIG:
El ex magistrado colombiano Iván Velásquez siempre incomodó al poder. Desde 2013 está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y en estos años consiguió lo que para muchos era impensable: desmantelar estructuras criminales y de corrupción en el Estado, además de modernizar las investigaciones. Uno de los logros más destacados de la comisión junto a la fiscalía del país centroamericano fue enviar a la cárcel en 2015 al que fuera presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Al actual presidente guatemalteco, Jimmy Morales, tampoco le gusta la CICIG, misión que fue instaurada en esta nación centroamericana hace 12 años con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. En agosto Morales ordenó no renovar el mandato del organismo, cuyo plazo de permanencia termina el 3 de setiembre de 2019. Las medidas para desmantelar la comisión comenzaron hace meses: el mandatario no sólo declaró persona no grata a Velásquez e intentó expulsarlo en 2017, sino que el pasado mes de setiembre, cuando el comisionado estaba de viaje en Estados Unidos, le prohibió la entrada al país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal de justicia del país, ordenó después al Ejecutivo no impedir su ingreso.
Hace apenas unos días, Morales ordenó, además, la expulsión de 11 investigadores de la CICIG, a quienes revocó o denegó las visas de trabajo, y les dio 72 horas para abandonar el territorio. Sin embargo, estos investigadores, que ya se encontraban fuera de Guatemala debido a las vacaciones de Navidad, deberían poder regresar gracias a que el 21 de diciembre la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional dejando en suspenso la decisión del presidente.
Ante la decisión de este tribunal, la Procuraduría General de la Nación presentó una denuncia contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad al considerar que violaron la Constitución, lo que muchos ciudadanos han interpretado como una especie de golpe de Estado contra una institución que no debería ser intervenida por el Ejecutivo. Con todo, Iván Velásquez no se rinde.
¿Qué opina sobre la denuncia que interpuso la Procuraduría contra esos tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad?
Me parece muy grave y más grave aún que haya sido por instrucciones del presidente Morales, según dijo el procurador general. Sin duda, el propósito es el de intimidar a los magistrados y lograr finalmente doblegarlos porque han significado un fuerte obstáculo para las acciones que el Gobierno ha intentado ejecutar contra la CICIG.
¿Cree que los 11 investigadores que forman parte de la CICIG podrán volver al país en enero tras las vacaciones?
Sí, yo creo que van volver. La decisión de la Corte de Constitucionalidad fue muy clara, no sólo en el sentido de que no procedía la expulsión y que no se les puede retirar sus cartas de acreditación, sino que además ordena a la Cancillería que expida las visas que había revocado o no había prorrogado a estos funcionarios. Esta decisión allana el camino para su retorno a la Comisión el próximo año. La CICIG se encuentra cerrada por vacaciones –del 17 de diciembre al 7 de enero– de forma que habrá que esperar el retorno en enero y la cancillería tiene que cumplir la orden de la Corte Constitucional.
¿Usted también va a regresar?
Yo he pensado regresar a Guatemala en enero, pero no sabría exactamente una fecha porque aquí hay una situación más complicada con el Gobierno y las manifestaciones expresas del presidente de la República y la canciller [Sandra Jovel], en el sentido de que a cualquier costo se impediría mi ingreso al país. Pero yo creo que si hay racionalidad, si efectivamente se pretende respetar el Estado de derecho, si hay un sometimiento a la legalidad, cuando retorne a Guatemala tendrán que actuar de acuerdo con esas disposiciones de la Corte de Constitucionalidad y no impedir mi ingreso.
¿Tiene miedo de volver?
No. No he considerado ninguna acción violenta contra mí. No tengo miedo.
Varios de esos 11 investigadores del equipo de CICIG son uruguayos. ¿Cómo valora su trabajo?
La CICIG cuenta con destacamentos, con contingentes de policía de países como Argentina, Uruguay, Colombia y Perú. Uno de estos contingentes es uruguayo. Cuando el Gobierno de Guatemala dijo que no se extendía la visa de los 11 investigadores porque eran terroristas en sus países, personas que tenían que saldar cuentas con la Justicia de sus países, eso constituye un irrespeto y en este caso muy particular a la policía uruguaya. Tengo que reconocer públicamente que la policía uruguaya es de elevadísimas capacidades, creo que de las mejores que hemos tenido nosotros en el apoyo en las investigaciones en Guatemala.
¿Qué implicaría para Guatemala si la CICIG se fuera?
Quedaría un proceso inconcluso en dos sentidos. Por un lado, todavía existen hechos de gran corrupción que tienen que investigarse en el país y el nivel de influencia de grupos de poder pueden impedir que el Ministerio Público [fiscalía; MP] adelante libremente esas investigaciones. Por otro lado, no se ha desarrollado un verdadero proyecto del fortalecimiento del sistema de justicia y esa es una responsabilidad exclusiva del Gobierno de Guatemala y del Congreso, que se adopte una reforma constitucional del sistema de justicia que modernice las instituciones. La decisión ahora, también por lo abrupta que fue la del presidente Morales de no continuar con la CICIG después de setiembre de 2019, impide desarrollar los proyectos que se deben formular para modernizar ese sistema de justicia y para el incremento de la capacidad de respuesta, de la cobertura del organismo judicial y del MP en todo el país. La continuación de la CICIG es algo que se había convenido con el presidente Morales recién elegido [2015] y se había pensado en que se diseñaría un proyecto de fortalecimiento del sistema de justicia fruto del cual se elaboró un proyecto de reforma constitucional que el propio Morales presentó al Congreso y que después él también contribuyó a su parálisis en el Congreso cuando ya no quiso que la CICIG continuara desarrollando su trabajo en el país.
Ese cambio de opinión de Morales, quien al inicio de su mandato estaba a favor de que la CICIG continuara y además con usted al frente, ¿se debe a que tanto el propio mandatario como varios de sus familiares fueron acusados de corrupción por la comisión?
No tengo duda de que el cambio se debe a eso. Durante la campaña electoral de 2015, cuando era candidato, el propio presidente Morales dijo que esperaba que la CICIG investigara el financiamiento de su campaña porque no tenía nada que esconder, pero formulamos un antejuicio contra él el 25 de agosto de 2017 y la respuesta fue declararme persona no grata y ordenar mi expulsión del país. Se ordenó un antejuicio en el mes de agosto de 2018 y la respuesta fue anunciar que la CICIG no continuaría e impedir mi ingreso al país. Creo que aquí hay una relación muy directa con los intereses personales del presidente, no está actuando como presidente de la República en defensa de los interesas del país, sino de sus propios intereses.
Además de la corrupción, ¿qué otros grandes problemas enfrenta Guatemala?
Hay graves problemas estructurales, hay una gran desigualdad social, hay factores de exclusión muy grandes de la población indígena, de las mujeres, hay una situación de pobreza. Sólo para plantear la dimensión del problema, [cabe destacar que] más de 46% de los niños menores de cinco años padece desnutrición crónica y eso muestra un problema dramático en el país. Es lo mismo que explica el gran flujo migratorio, todas esas caravanas que vemos no son de personas que de un momento a otro deciden arriesgar su vida por una aventura, es porque hay unas condiciones materiales de existencia realmente graves en Guatemala. La pobreza extrema es de elevados porcentajes. No sólo es el tema de la corrupción, y en materia judicial tampoco es sólo la corrupción, sino la gran impunidad de un deficiente funcionamiento del sistema de justicia que tiene que fortalecerse si en verdad los guatemaltecos aspiran a que se establezca un verdadero estado democrático.
¿Considera que la campaña en su contra ha hecho mella en el apoyo que ciertos países, como por ejemplo Estados Unidos, dan a la CICIG?
No creo que sea precisamente por la campaña en mi contra, hay muchas otras circunstancias que han llevado a generar algunas dificultades, o por lo menos a que algunos países no hayan expresado de manera tan enfática como en el pasado su respaldo a la CICIG. Inclusive uno podrá tener otra explicación, no precisamente con Estados Unidos, que ahí hay una multiplicidad de causas, pero sí con el resto de la comunidad internacional que es donante y es la que contribuye a que la CICIG permanezca y funcione, y es la acción contra la comunidad internacional que desarrolla también el Gobierno de Guatemala. Cuando hace unos meses la Cancillería de Guatemala pidió retirar al embajador sueco Anders Kompass del país, hubo una acción injustificada contra la comunidad internacional y ese fue el mensaje que se pretendía dar a los países que han venido apoyando a la CICIG. Probablemente esto haya generado una mayor prudencia en las expresiones públicas de esos países, sin embargo, se mantiene el apoyo real a la CICIG de países como Alemania, Suiza, Suecia, Canadá y, en definitiva, de todos los que han estado contribuyendo.
¿Con qué apoyos cuenta la comisión en Guatemala?
En Guatemala hay un gran respaldo social a la CICIG. En primer lugar destacaría a la ciudadanía desorganizada, digámoslo así para establecer la contraposición con la sociedad civil organizada, pues también hay decenas de organizaciones de derechos humanos, campesinas o de estudiantes, entre otras, que expresan su respaldo permanente a la CICIG. Ese apoyo, además, se ve reflejado en las encuestas después de la prohibición de mi ingreso al país y también hay respaldos institucionales fuertes como la Procuraduría de los Derechos Humanos, y en particular de su titular Jordán Rodas, ya que cuando el 27 de agosto de 2017 me declararon persona no grata fue quien de inmediato interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y eso fue lo que evitó que fuera expulsado del país. En el cuerpo de jueces también hay grandes sectores que respaldan la actividad de la comisión, el MP, y en particular la fiscalía especial contra la impunidad, que es nuestra contraparte directa en la fiscalía: tenemos muy buena relación, hay un trabajo muy coordinado.
Dado ese gran apoyo, parece aún más ridícula la actitud que ha tomado el Gobierno guatemalteco de querer acabar con la CICIG.
Lo que me parece grave es que haya cualquier pretensión de fractura del orden constitucional. El anuncio que el presidente Morales realizó el 31 de agosto de no prorrogar la CICIG mas allá de setiembre de 2019 lo hizo acompañado de varias decenas de militares y policías que lo respaldaban, uniformados de la fuerza pública, y ese es un mensaje que para los guatemaltecos tiene un profundo significado, en el sentido de la posibilidad de ruptura del orden constitucional porque esas son las imágenes que vivieron todos los guatemaltecos en las épocas de las dictaduras militares.
Con este tipo de decisiones da la sensación de que Guatemala vuelve a épocas más oscuras.
Ese es el peligro real, esa es la razón real por la que se han desatado todas esas acciones que no son en contra de la CICIG, creo que son por la recuperación de un control absoluto del Estado que ha sido, con toda la tristeza que una expresión de esta naturaleza genera, un estado que perdió su norte, que dejó de servir a los intereses generales de la población guatemalteca, que se ha puesto al servicio de unos intereses particulares. Con las investigaciones contra la corrupción que se venían adelantando quedaban en evidencia esos controles y esos manejos de las instituciones. Lo que se pretende ahora es recuperar por todos esos sectores el monopolio de la impunidad, que han tenido en el país por décadas.
Si el mandatario cambiara de opinión y dejara finalmente a la CICIG continuar su labor más allá de setiembre de 2019, pero con la condición de que usted no esté al frente, ¿lo aceptaría?
Por una parte esa es una decisión del secretario general de Naciones Unidas António Guterres, que es quien designa al comisionado de la CICIG. Por otro lado, si esto significara la posibilidad de que la CICIG actuara en el cumplimiento cabal de su mandato, es decir, en adelantar con el MP las investigaciones sin ninguna limitación, y además estar en el ejercicio del mandato desarrollando otras líneas como la propuesta de políticas públicas y de reformas jurídicas e institucionales para el fortalecimiento de la institucionalidad nacional, yo creo que no habría ningún problema en mi retiro. Aquí el problema es el funcionamiento de la comisión y en esto hay una situación realmente contradictoria del presidente, que pretende personalizar la situación como si fuera una confrontación conmigo, pero simultáneamente impide que la CICIG cumpla cabalmente con su mandato.
¿Cree que quedan capacidades técnicas y humanas para luchar contra la corrupción si se marchara la CICIG del país?
El problema es que no se ha fortalecido en realidad el sistema de justicia debido a una falta de decisión del Estado guatemalteco, del Ejecutivo y del Congreso, que por ejemplo está considerando desde mediados de 2016 un proyecto de reforma del sistema de justicia que pretende generar una independencia real de jueces y magistrados. Quedan fortalezas, capacidades técnicas y humanas, porque tengo que reconocer que Guatemala tiene muy buenos fiscales y muy buenos jueces, sin embargo, la situación de la justicia como un poder subalterno, de segundo nivel y al que no se le da los recursos suficientes, creo que no va a permitir que la lucha contra la impunidad y la corrupción pueda triunfar a menos que se establezcan esos correctivos tanto en reformas legales como en el incremento de esa capacidad de repuesta del sistema de justicia.
