En el marco del 22 aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz, aún persiste el incumplimiento de varios de estos.
A decir de Lurdes Xitumul, titular de la Secretaría de la Paz (Sepaz), a pesar de que se cuenta con el Decreto 52-2005, en el cual mandata al Estado cumplir con los desafíos de los acuerdos, hay todavía temas pendientes.
Acuerdos pendientes
La entrevistada destacó que, entre estos, se resalta la falta de cumplimiento de temas agrarios y socioeconómicos, derechos de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de la sociedad civil.
“Los desafíos son enormes, los acuerdos generaron expectativa, pero no indicadores de cumplimiento”, señaló Xitumul.
Además, expuso que están evaluando los indicadores. Estos temas se reflejan en la pobreza y se debe erradicar la discriminación, puntualizó.
Reconocer derechos
Amalia Tun, de la Comisión de Guías Espirituales, mencionó que como pueblos indígenas exigen que se cumplan algunos puntos pendientes, principalmente aquellos relacionados a los derechos de los pueblos indígenas.
Señaló que se exige que “se reconozcan nuestros derechos y principalmente la espiritualidad”.
Agenda pendiente
Mediante un comunicado, el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, mencionó que, pese a que hay avances en el cumplimiento de los acuerdos, “aún es una agenda pendiente en todos los niveles y temas”.
Agregó que “después de 22 años se pueden visualizar logros en la justicia, especialmente en la lucha contra la impunidad y el avance de importantes casos de violaciones de derechos humanos y genocidio, esto por el importante apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero todavía hay deficiencias en la administración de justicia y de los servicios públicos para los pueblos indígenas, como la salud, el desarrollo y la educación bilingüe intercultural, puesto que no alcanzan la pertinencia cultural y el uso sustantivo de la ley de idiomas nacionales”.
“Los referidos acuerdos establecen la obligación del Estado de destinar el 1.5% de sus ingresos tributarios al financiamiento de la política de vivienda, situación que además de no ser cumplida ha presentado fuertes retrocesos, puesto que de 2013 a 2017 ese presupuesto de redujo en 78.8%; en tal sentido se establece que la vivienda es un derecho fundamental”.
Jordán Rodas recalcó que otras variables que han generado escenarios sociales de vulneración de derechos “es la falta de cumplimiento del derecho de consulta a los pueblos indígenas por parte de las entidades del Estado como lo regula el Convenio 169, del cual Guatemala es signataria”.
Por aparte, el magistrado de conciencia resaltó que aún no se cumplen las recomendaciones del Informe Guatemala Memoria del Silencio, “no se han adoptado medidas para la búsqueda de personas desaparecidas, exhumaciones e inhumaciones ni se ha garantizado una reparación integral o asegurado el funcionamiento pleno e idóneo del Programa Nacional de Resarcimiento”.
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