El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió que el expresidente Otto Pérez debe regresar al Mariscal Zavala, después de haberse mantenido internado en Centro Médico Militar por supuestos problemas cardiacos.
Asimismo, decidió que a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, se le practique un examen siquiátrico para determinar su estado de salud mental. Ambos fallos han causado polémica.
Pero más polémica causa que haya personas recluidas en los diferentes centros carcelarios del país que necesitan atención médica, pero que se les niega ese beneficio
Para analizar ese asunto, el programa A Primera Hora invitó a Jorge Granados, jefe del Departamento Técnico Científico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y a Mynor Melgar, exsecretario del Ministerio Público (MP), y exdirector de Investigaciones Criminalísticas.
- ¿Cómo se hacen las evaluaciones médicas a los privados de libertad por parte de Inacif?
- ¿Cuáles son las consideraciones que un juez debe hacer para atender la petición de evaluaciones médicas de un reo?
- ¿Qué procedimientos legales debe seguir el abogado defensor de recluso?
Estos y otros cuestionamientos son aclarados por el médico y el abogado invitados. Para comenzar, ambos coinciden en que hay algunos reclusos que se aprovechan de las evaluaciones médicas para lograr privilegios dentro del proceso.
JORGE GRANADOS
¿En qué momento se decide que el Inacif evalúe a los reos?
Hay que hacer una aclaración. En el Inacif hacemos evaluaciones médicas a los reos aún no habiendo una obligación jurídica para hacerlo. El artículo 14 de la Ley de Regimen Peniteciario expresa:
- “Artículo 14. Asistencia médica. Las personas reclusas tienen derecho a la atención médica regular en forma oportuna y gratuita. Para el efecto los centros de detención preventiva y de condena deben contar con servicios permanentes de medicina general, odontología; psicología y psiquiatría, con su respectivo equipo. En caso de gravedad o cuando las personas reclusas lo soliciten, tienen derecho a ser asistidas por médicos particulares, o a recibir atención en instituciones públicas y/o privadas a su costa, previo dictamen favorable del médico forense y del Ministerio Público y con autorización del juez respectivo, salvo casos de extrema urgencia en los cuales saldrán con autorización del Director del Centro, quien debe notificar inmediatamente al juez competente. Para el tratamiento de las personas reclusas que sufran de enfermedades infecciosas o contagiosas, se contará con un área especial, con el fin de contribuir a su tratamiento y proteger la salud de las demás personas del centro penitenciario, de conformidad con el diagnóstico del médico”.
Lo hacemos por el mismo colapso del sistema del Organismo Judicial. Ante la incapacidad del sistema penitenciario de proveer atención en salud a los reos, se lo dejaron al Inacif.
El Inacif fue creado en 2017, y el artículo 1 de su Ley Orgánica establece:
- “Artículo 1. Creación. Se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, que podrá denominarse INACIF, como una institución auxiliar de la administración de justicia, con autonomía funcional, personalidad jurídica y patrimonio propio”.
No dice que tengamos que ver a privados de libertad. Claro, hay excepciones, como las exhibiciones personales, cuando las personas sufren vejámenes o delitos sexuales en la cárcel.
Hacemos investigación criminal, debemos dar dictámenes, pero en ninguna parte dice que debamos asistir de forma médica a los reos. Lo hacemos para contribuir con el sistema de justicia.
La responsabilidad moral y legal que tenemos es grande. No podemos negar que ha habido complacencia de ciertos médicos, que han incurrido en alguna actividad para simular alguna enfermedad en el privado de libertad y justificar una hospitalización.
En el Inacif, tenemos que ver si no nos engaña el preso, el médico o el hospital tratante.
Hemos emitido conclusiones en ese sentido, de médicos que han emitido certificaciones en las que se señalan enfermedades que no necesariamente son de tratamiento hospitalario, sino pudieron haber sido ambulatorios. Lo que esperamos es que las investigaciones del caso se abran.
Por aparte, hay personas que están severamente enfermas, y muy graves. No en Matamoros ni en el Zavala. Hay que practicarles hemodiálisis, padecen sida o cánceres en el Preventivo de la zona 18. ¿En dónde está el tratamiento? Eso también lo lleva a cuesta el Inacif, no siendo su obligación.
Granados indicó que el Inacif no actúa de oficio (Inacif) y que las evaluaciones médicas son exclusivamente por orden de juez: "Si el Juez dispone enviarla 55 veces tendré que ir a evaluar esté enferma o no". #EUSaludReos pic.twitter.com/JT42ZsE7cY
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 1, 2018
Atención, tiempos y costos
Solo en el primer semestre de 2018, el Inacif ha realizado 3 mil 900 evaluaciones médicas; 10 por semana en el Mariscal.
El año pasado se hizo un estudio de costo tiempo/hora respecto de ese tipo de actividades. El resultado fue que solo por el perito, el combustible y hasta el gasto de impresiones se invierte un promedio de entre Q1 mil y Q1 mil 400 por evaluación en horario hábil.
En el caso de la ex vicepresidenta Baldetti no hay semana que no haya evaluaciones. Van de dos órdenes por semana para evaluarla. Sólo a ella la hemos visto 55 veces.
¿Qué pasó la última vez con ella?
Ella se quejó ante el juez de que no se le hicieron las evaluaciones que corresponden. Le podemos comprobar con el dictamen que ella se negó a ser evaluada. Ella no permitió que se le sacara sangre. No la podemos obligar, no la podemos torturar.
¿Y en el caso del expresidente Pérez, cuyo defensor asegura que podría presentar una muerte súbita, que es una desatención, que es responsabilidad del juez haberlo devuelto al Mariscal..?
El expresidente Otto Pérez está bien con el tratamiento que tiene. Lleva 14 años de tener un dispositivo debajo de la piel que le genera descargas eléctricas. Él fue presidente de la República, fue militar de carrera, estuvo en campaña política… no va a tener problemas. No se va a morir de muerte súbita.
MYNOR MELGAR
¿Por qué el Inacif efectúa evaluaciones médicas los reos?
Más se ha hecho por necesidad. Pero hay dos extremos que no hay que olvidar:
Por un lado está el problema que el grupo de delincuencia por corrupción, los integrantes del narcotráfico y las maras ven en esa práctica la posibilidad de lograr tratamiento médico para tener una mejor condición carcelaria.
El otro extremo es que hay gente que está presa y que tiene realmente tiene derecho y necesidad de tratamiento médico.
En esos dos extremos, la necesidad de tener un dictamen imparcial, el MP y otras instancias de justicia solo pueden tener como aliado al Inacif.
¿Y si hay un dictamen de otro médico?
¡Tremenda responsabilidad la de un juez…! porque en sus manos está la vida de un reo y él no es médico, como lo es en el caso de la ex vicepresidenta Baldetti.
Ella cada semana dice que se siente enferma para no ir a audiencia, justo es que el juez le niegue ir al médico.
Mynor Melgar: "La dinámica de la justicia es esa, frente a una nueva estrategia dilatoria deberíamos tener una repuesta". #EUSaludReos pic.twitter.com/RaAhSKt9HM
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 1, 2018
Propuestas a medias
Ahora tenemos que al litigio malicioso se agregan los exámenes médicos. Una forma de alargar el proceso y de entorpecerlo.
Frente a una nueva estrategia dilatoria debería haber una respuesta de parte de la justicia. Una propuesta ha sido la construcción de un hospital para el sistema penitenciario, pero nunca se resuelve.
El problema de Guatemala es que tenemos leyes muy bonitas pero no se cumplen.
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