El diputado Boris España, del Movimiento Reformador, pidió hoy que se decrete el estado de calamidad en Guatemala por la sequía, la más dura de los últimos años según los pronósticos meteorológicos.
“Urgen estado de calamidad por sequía. 40 días sin lluvia, 78 por ciento pérdidas en granos básicos. Por nuestros niños y niñas espero se actúe pronto”, publicó el parlamentario este sábado en sus redes sociales.
Canícula se mantiene
Los efectos de la canícula en Guatemala se mantienen y según la información meteorología esta semana tiene un comportamiento “más seco de lo normal”, una situación que está previsto que se prolongue hasta el 15 de agosto.
La canícula afecta principalmente a las regiones del oriente y la Meseta Central del país, una situación que esperan que se revierta después del 15 de agosto, cuando está previsto regresar “a condiciones normales de lluvias generalizada”.
Uno de los principales efectos de la sequía es la inseguridad alimentaria y según indicó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) hay al menos unas 43 mil familias afectadas en los departamentos más afectados, que son Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Retalhuleu, Sololá, Suchitepéquez y Zacapa.
Con necesidad de asistencia
En las épocas pasadas, las sequías han dejado hasta 3.5 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria en Centroamérica, una de las regiones más vulnerables a la seca por la variabilidad climática y la exposición a fenómenos extremos.
El Estado de calamidad le permitiría al Ejecutivo allanar varios procedimientos de ley para atender la emergencia, además de evacuar a personas dentro de áreas afectadas o que estén en peligro, coordinar albergues y exime de obligación la licitación de bienes y servicios para atender la emergencia, así como de impuestos a las donaciones.
¿Qué dice la ley?
La Ley de Orden Público, en su artículo 14, establece que el estado de calamidad pública podrá ser decretado por el Ejecutivo para evitar “en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos”.
Esta decisión, que debe ser adoptada por el Consejo de Ministros, tendría que ser aprobada por el Congreso.
