El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) exigió a la Corte de Constitucionalidad (CC) emitir una resolución sobre la suspensión de las operaciones de la Mina San Rafael por las millonarias pérdidas a la economía nacional.
Marco Augusto García, presidente del CACIF, dijo en rueda de prensa que la suspensión judicial de las operaciones fue hace 378 días.
Mientras, la CC lleva 266 días sin resolver el caso, lo que ha provocado 1.887 millones de quetzales en pérdida a la economía entre impuestos, regalías (donaciones a municipalidades), pago a proveedores y salarios, aseguró García.
El dirigente empresarial precisó que 500 personas han sido despedidas por la empresa y también se han perdido 5.500 empleos indirectos debido a que la CC no ha emitido ninguna resolución.
Acompañado de dirigentes de otras cámaras empresariales, García calificó de “inerte” al sistema de justicia, pues, enfatizó, “el máximo ente rector de la Constitución del país no ha emitido pronunciamiento respecto a la suspensión de la Mina San Rafael”.
Advirtió que “ni los trabajadores cesados, ni la economía del país están en condiciones de seguir esperando que la CC salga de su letargo”.
“Esperamos que la Corte de Constitucional actúe con transparencia y responda con precisión a las peticiones formuladas” porque “Guatemala necesita enviar mensajes claros de certeza jurídica en estos momentos cuando la inversión y las oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos se ven bajo una eminente amenaza”, sostuvo.
La Mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources In, se ubica en San Rafael Las Flores, en Santa Rosa.
Corte no se pronuncia
Tras la conferencia de prensa del CACIF, se intentó tener la postura de la Corte de Constitucionalidad pero Santiago Palomo, vocero de dicha Corte no contestó a los llamados realizados por Patrullaje Informativo.
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