Un total de 14 hombres y tres mujeres de 12 comunidades indígenas que se oponen a una empresa de cementos en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, fueron agredidos por supuestos paramilitares el pasado martes, denunciaron este jueves, líderes de esos pueblos.
Al menos 70 personas encapuchadas, con armas de fuego y blanca, atacaron a los comunitarios que están en resistencia desde 2006 en el puente entre Santa Fe Ocaña y Cruz Blanca.
Uno de los dirigentes indígenas, Juan Francisco Raxú, aseguró que niños, ancianos y mujeres embarazadas “se vieron en medio del ataque violento que ha repercutido física y emocionalmente en los comunitarios”.
“La violencia y el terror ha ido en aumento en los últimos meses, se han valido de la impunidad para actuar contra los pueblos. No pueden estar sucediendo estos hechos en un país que recientemente salió de un conflicto armado donde hubo genocidio”, dijo en rueda de prensa, acompañado de líderes de San Juan Sacatepéquez.
La guerra interna acabó el 29 de diciembre de 1996 tras 36 años, que dejo 250 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.
Codeca condena ataque ocurrido en San Juan Sacatepéquez.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 5, 2018
Los ataques
El ataque de los supuestos paramilitares que protegen la empresa, detalló, se registró el pasado 3 de julio a eso de las 14:30 hora local.
“Estamos preocupados por los ataques, dispararon al aire y golpearon a nuestros hermanos”, manifestó, mientras Pedro Tuyuc mostraba a los periodistas las fotografías de los heridos.
Otro dirigente de la comunidad, Alberto Díaz, aseguró que “desde 2006 estamos sufriendo por la instalación de la empresa de cemento”, de capital guatemalteco.
Piden se investiguen los hechos
Las comunidades exigieron a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y al Ministerio Públio (MP), investigar los hechos y detener a los responsables materiales e intelectuales de la agresión.
También pidieron a los ministerios de Gobernación y de Defensa, retirar a los policías y a los soldados de esa población porque no protegen a los habitantes “sino intereses empresariales”.
El MP, según Raxú, ya llegó a la comunidad para iniciar las investigaciones de este caso.
Además, solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Procuraduría de Derechos Humanos, darles acompañamiento para resguardar la integridad física de quienes están defendiendo el territorio y los bienes naturales.
