La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) afirmó hoy que en el país persiste la cultura del “secretismo” en la información pública, aunque los tres poderes del Estado han avanzado en facilitar el acceso a ella.
En su informe sobre la situación de la información pública en 2017, la PDH dijo que en los nueve años que lleva de vigencia la ley sobre este tema, el sector público presenta “avances importantes”.
Los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial “demostraron avances” y queda reforzar las gobernaciones departamentales que dependen del Organismo Ejecutivo, agregó.
Las municipalidades siguen sin cumplir
De acuerdo con el informe, persiste bajo cumplimiento en las municipalidades, los consejos de desarrollo, en los fideicomisos, en instituciones deportivas y en las Organizaciones No Gubernamentales que manejan fondos públicos.
De las 340 municipalidades que tiene Guatemala, 76 no cuentan con portal económico, que es indispensable para cumplir con la publicación de información que requiere la ley.
Otras 96, a pesar de que cuentan con esta herramienta tecnológica, incumplen con el acceso a la información pública, precisó.
Tampoco las ONG
La PDH añadió que supervisaron el año pasado 52 ONG, de las cuales el 46.27 por ciento no cumple con la normativa.
Mientras que de los 32 fideicomisos que tiene la administración central, el 55 por ciento cumplió con la ley, pero de los 13 fideicomisos municipales existentes “ninguno publica toda la información de oficio”, reveló.
Según el informe, el año pasado se registraron más de 70 mil solicitudes de información pública, de ellas 26 mil 997 fueron de mujeres.
Politización, corrupción y desigualdad
La PDH alertó que la politización, corrupción y desigualdad social “limitan el acceso a la información en comunidades rurales”.
La práctica de este derecho se concentra en el área urbana, ya que del total de solicitudes, 59 mil se realizaron en el departamento de Guatemala.
En el informe la PDH recomienda fortalecer la cooperación con la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público para investigar y sancionar las vulneraciones al derecho humano de acceso a la información pública.
En la presentación del documento participaron el procurador de los derechos Humanos, Jordán Rodas y representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, del Centro Internacional de Archivos y del Programa de Educación continua de la Universidad de San Carlos.
